El organismo publicó en redes sociales un video donde señala que la embestida contra los normalistas fue de policías de corporaciones municipales, estatales y federales
Texto Jesús Saavedra
Chilpancingo, 14 de julio de 2026.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) defendió la recomendación emitida el jueves de la semana pasada por el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en septiembre del 2014 y que la responsabilidad de esta violación grave a los derechos humanos apunta al “mando único” en Guerrero, quien en ese entonces era el gobernador Ángel Aguirre Rivero.
En la justificación ratifica su postura de eximir de responsabilidad al Ejército, la cual ha sido severamente criticada “actuamos con apego a la ley y en defensa de la verdad y los derechos humanos” y ratificó su exoneración en el caso de parte de militares.
La postura la hicieron este martes por la tarde-noche, pero no fue una postura encabezada por su presidenta, María del Rosario Piedra Ibarra quien ha sido señalada como una persona que ha perdido independencia y que está apegada al gobierno en turno de la cuarta transformación e incluso han llegado a pedir su renuncia o destitución.
Ese organismo publicó en redes sociales un videoen donde de acuerdo a su visión en un “documento histórico y la verdad, bastante complejo”, que se refiere a la recomendación 208VG/2026 que emitió el pasado jueves. A quienes ven el video les pide que estén “súper analíticos porque es la única forma de dimensionar lo que de verdad pasó ahí” y establece 5 secciones: “el impacto en 92 estudiantes; la cronología del 26 y 27 de septiembre; el rol de las autoridades locales y demás corporaciones; las violaciones graves a los derechos humanos y el tema de la verdad y la justicia de la CNDH” y justificó que la información se genera a través de información pública y una queja que interpusieron padres y estudiantes afectados.
En la sección uno, justifican, lo que es público y que el caso no implica únicamente a los 43 normalistas desaparecidos, que son más agraviados como lesionados, asesinados y golpeados, a eso se refieren cuando dicen en el primer punto que son 91 normalistas afectados.
En la sección dos hacen una cronología de los hechos del 26 de septiembre por la noche y la madrugada del 27 de septiembre en donde destacan el rol de policías municipales, estatales; mención especial de esta sección en el video hablan de la información que se genera en el C-4, pero omiten que los responsables de la operación de ese Centro de video vigilancia en Iguala eran militares del 27 Batallón de Infantería.
Para la sección tres de el “rol de las autoridades, éste es uno de los hallazgos más contundentes de toda la recomendación” y que la agresión no se trató nada más de la policía de Iguala, también de la de Huitzuco, Taxco, Cocula y Tepecoacuilco; además de la policía estatal, federal, policía federal ministerial.
La narrativa del video no deja en duda la posición que ha asumido la CNDH con su recomendación, “el Ejército no participó en ninguno de los eventos violentos, pero elementos del 27 Batallón sí documentaron aquellos de los que tuvo información a través del C-4 (de sus compañeros de milicia que estaban a cargo de ese Centro de video vigilancia) además de que las disposiciones vigentes en ese tiempo delimitaban la actuación de los militares y de la conducta que debían observar en estos casos”.
La CNDH, justifica más aún “los elementos del 27 Batallón que estuvieron realizando patrullajes “tuvieron una instrucción muy clara: no entrar en conflicto con los estudiantes de la normal, la recomendación documenta que existen militares sujetos a procesos penales por sus responsabilidades individuales” y que quienes estuvieron actuando en esta
embestida contra los normalistas fueron policías de corporaciones municipales, estatales y federales.
Directo el video señala que esa agresión concertada en este caso del 2014 “apunta al mando único que regía en ese tiempo en el estado de Guerrero a cargo de quien era el gobernador (Ángel Aguirre Rivero) y legalmente tenía esa facultad y reclama aclarar quién era realmente ‘El Patrón’, señalado por varios testigos en 2014 como el autor de las órdenes contra estudiantes y la persona que habría ejecutado esas órdenes”.
Luego hablan de las secciones cuatro y cinco, defienden la recomendación, donde refutan las actuaciones del GIEI, de los organismos independientes que han acompañado a los padres, justificando que “hay una impunidad larguísima”.