Participa en sesión pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Panamá; sobrevivió a un atentado hace 9 años en la Costa Chica de Guerrero
Texto Jesús Saavedra
Chilpancingo, 29 de octubre de 2026.- La periodista y defensora de derechos humanos, Marcela de Jesús Natalia afirmó en una sesión pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en México “los ataques graves contra personas defensoras no alcanzan una respuesta judicial efectiva, sino que permanecen en la impunidad y favorecen la continuidad de la violencia, siendo el acceso a la justicia un proceso imposible”.
Este jueves se realizó una sesión pública en materia de defensores de derechos humanos de la CIDH en Panamá, donde Marcela de Jesús Santiago participó como integrante de la delegación de la sociedad civil de México para poner en discusión el tema de los defensores de derechos humanos en nuestro país.
De Jesús Natalia sobrevivió a un atentado hace 9 años en la Costa Chica de Guerrero, “sobreviví a un atentado con arma de fuego que me dejó secuelas permanentes y soy víctima de desplazamiento forzado interno, todo ello como consecuencia de mi labor de defensa y comunicación; mi participación en esta audiencia no busca hablar únicamente de mi experiencia personal, vengo en representación de muchas personas, defensora de derechos humanos, periodistas, familiares y comunidades que han enfrentado amenazas, desplazamiento, desaparición y asesinato por defender sus territorios, sus recursos naturales, su derecho a la libertad de expresión, entre otros”.
Denunció que en México “la mayoría de estos ataques graves contra personas defensoras no alcanza una respuesta judicial efectiva, sino que permanecen en la impunidad y favorecen la continuidad de la violencia, siendo el acceso a la justicia un proceso imposible; de desgaste físico, económico y emocional, marcado por la incertidumbre, el miedo permanente y la exposición a nuevas agresiones”.
Informó que del 2022 a septiembre de este año organizaciones no gubernamentales han documentado 113 homicidios y desapariciones contra personas defensora de derechos humanos, “de los cuales 20 han sido judicializados y tan solo cuenta con sentencia condenatoria 4 casos, lo que implica el 96.5 por ciento de casos en completa impunidad, siendo de esas 19 mujeres buscadoras”.
Destacó que del 2024 a la fecha se tienen registradas 530 agresiones contra mujeres periodistas “por y en el ejercicio de su labor, algunas con marca de género, estas cifras se acrecientan cuando las violencias del contexto se entrecruzan con desigualdades y violencias estructurales que enfrentamos las mujeres en el ejercicio de nuestro derecho a la libertad de expresión y lo mismo sucede cuando se trata de otros grupos históricamente invisibilizados, personas afromexicanas, indígenas, la comunidad LGBTQ+, migrantes con discapacidad, entre otros”.
Marcela de Jesús dijo que los “impactos de la falta de protección y el acceso a la justicia trascienden a las víctimas directas y alcanzan a sus familias y comunidades sin que éstas puedan participar en los procesos judiciales, profundizando así las condiciones de exclusión e impunidad. Por ello, resulta indispensable que el Estado cuente con un registro de denuncia de estos delitos, lo anterior debido a que hemos documentado que en muchas fiscalías del país desvinculan las agresiones por su labor de defensa de derechos humanos, cuando esta línea de investigación no se incorpora de manera clara y oportuna”.
Sostuvo que la impunidad “genera nuevos riesgos y transmite un mensaje devastador, defender derechos humanos y ejercer la libertad de expresión puede tener consecuencias letales sin que existan garantías efectivas de justicia”. Dijo que en su caso “sobrevivir no justificó, no significó dejar de ser víctima, como muchos defensores en el país, no he podido recuperar mi vida y he tenido que enfrentar el desplazamiento forzado para salvaguardar mi integridad; vivo en un estado de alerta constante por el miedo a que las agresiones se repitan, afectando mi salud física y mental”.
Añadió que mientras el Estado “continúe sin responder de manera efectiva, las agresiones permanecerán impunes; el riesgo no terminará para quienes hemos sobrevivido, ni para quienes continuamos defendiendo derechos humanos y ejerciendo el periodismo en el país”.