En el país ese delito y el tipo penal está “fragmentado en los 32 estados y regulan el feminicidio de forma diferente”, argumentó Consejera Jurídica Luisa María Alcalde
Texto Jesús Saavedra
Chilpancingo, 15 de julio de 2026.- La presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo presentó una iniciativa de ley para homologar las penas del delito de feminicidio, que las Fiscalías estatales hagan sus indagatorias homologadas “el objetivo es que haya cero impunidad” y se dio a conocer que quien cometa este delito podría enfrentar una pena de 50 a 70 años de prisión.
Este miércoles en Palacio Nacional la presidenta recordó que a principios de año se hizo modificación a la Constitución para que el feminicidio se investigue de la misma manera en todo el país, a través de una ley general, fue aprobada “y ahora se envía una iniciativa al Congreso de la Unión para que se discuta en el siguiente período en septiembre esta ley para que todos los estados deben seguir para que se investigue de la misma manera en todo el país, que haya cero impunidad y por parte de las Fiscalías un trabajo igual”.
La Consejera Jurídica, Luisa María Alcalde Luján explicó que se trata de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el daño por el delito de Feminicidio dijo que en el país ese delito y el tipo penal está “fragmentado en los 32 estados y regulan el feminicidio de forma diferente”,
que tampoco se cuenta con protocolos de actuación, hay deficiencias en los procesos de investigación y falta de mecanismos de información.
En la iniciativa se establece que será un tipo penal homologado en todo el país, “comete el delito de feminicidio la persona que prive a una mujer por razones de género” y se establecen 10 tipos de razones de género, entre las que destacan “signos de violencia sexual, antecedentes de violencia contra las víctimas, delito motivado por estereotipos o prejuicios”. Contempla además una pena de 50 a 70 años de prisión, hay 19 agravantes, entre las que destacan: la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, esté embarazada o viva con discapacidad; se cometa por una servidora pública; sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante; la víctima presente signos de violencia como ataques con ácido o sustancias inflamables.
La iniciativa contempla sanciones adicionales para el victimario como perder derechos sucesorios; perder la tutela, curatela, guardia y custodia; perder la patria protestad, será destituido e inhabilitado para el desempeño de cualquier cargo público. Se prohibirá excusas absolutorias o atenuantes por el delito de feminicidio; el delito, su sanción y la reparación del daño son imprescriptibles; no proceden criterios de oportunidad, conmutación de pena, libertad condicionada, ni amnistías.
La encargada de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracibar dijo que la iniciativa reconoce el derecho de las víctimas el acceso a la verdad y la justicia; la atención médica y sicológica de urgencia para las sobrevivientes y las víctimas indirectas; la asistencia jurídica especializada y gratuita; atención integral de la orfandad; la restitución o entrega del cuerpo de una manera digna, respetuosa y asistida.
La titular de la Unidad Especializada de Violencia contra las Mujeres de la FGR Maribel Bojórquez detalló que establece la homologación de protocolos especializados de actuación “los cuales deberán ser aplicados por todas las autoridades responsables de la procuración de justicia en el país; una coordinación entre autoridades de Seguridad, de procuración de justicia y sobre todo la atención a las víctimas”.