Texto: Jesús Saavedra
Fotografía: Movimiento Nacional Por La Esperanza
Chilpancingo, Gro. 31 de mayo de 2023.- A 10 años de la desaparición forzada, tortura y ejecución extra judicial de Arturo Hernández Cardona, dirigente de la Unidad Popular de Iguala (UPI), México sigue siendo un país en donde no hay justicia, ni castigo a los responsables de estas graves violaciones a los derechos humanos.
Así lo señalaron en el Conversatorio que organizó la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y donde asistieron, Carolina Mena Marchán viuda de Arturo Hernández Cardona y sus hijas, Carolina y María Soledad Hernández Mena.
En el acto se recordó que 30 de mayo del 2013 Hernández Cardona y otras 7 personas fueron detenidas cuando concluían un mitin en la caseta de cobro de la autopista hacia Taxco y posteriormente fue encontrado asesinado cerca de Mezcala.
En el acto la presidenta de la Comisión, Nashieli Ramírez Hernández señaló que el caso del líder de la UPI “fue una ejecución que pusieron como escarmiento; Arturo Hernández Cardona fue víctima de amenazas, persecución, hostigamiento, tortura, detención arbitraria y ejecución extra judicial”.
Ramírez Hernández lamentó que en México hay “muchos desaparecidos a los que no les podemos poner nombres, hoy más que nunca debemos visibilizar este fenómeno; se debe buscar que haya justicia y contribuir a la interrupción del patrón de graves violaciones a los derechos humanos que persiste en el país”
De la Red Solidaria Década contra la Impunidad, Armando Vanegas Martínez Década recordó que el activismo de Hernández Cardona llevo a incomodar al entonces alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez “en días pasados se emitió sentencia contra José Luis Abarca lo condenan a 92 años por el delito de secuestro, estamos convencidos que no era el delito por el cual debió ser condenado, hubo detención arbitraria, tortura y una ejecución extrajudicial”.
Vanegas Martínez, sostuvo que la ejecución extrajudicial de Arturo Hernández Cardona, “se da por intolerancia a activistas sociales, por la intolerancia a los movimientos sociales, el desprecio a los derechos humanos, la incomodidad al escrutinio del ejercicio de los recursos públicos, es el resultado de la intolerancia de alguien que está en el poder en sus decisiones que toman para favorecer a unos cuantos”.
Fray, Julián Cruz Alta Aguirre también de esta Red señaló que “Guerrero sigue siendo un polvorín y un sitio donde se cometen graves violaciones a los derechos humanos, no importa quién gobierne” y se denunció que el Estado mexicano no ha brindado las medidas cautelares a los familiares de Arturo Hernández Cardona.
Alán García Campos, coordinador de la Unidad de Graves Violaciones a Derechos Humanos ONU México lamentó que en México prevalezca la impunidad en casos como el de Hernández Cardona y consideró que debe de haber un “enfoque de prevención para evitar estos casos, que haya cero tolerancia a cualquier agresión, cero impunidad; no puede haber condiciones de seguridad en el ejercicio de los derechos humanos mientras persistan altos índices de impunidad en los casos que hay contra defensores de derechos humanos, Arturo hay una sentencia pero no hay justicia, el asesinato sigue impune”.
Santiago Corcuera Cabezud, ex integrante del Grupo contra la Desaparición Forzada de la ONU señaló que en Guerrero la desaparición forzada inicia en la “Guerra Sucia” en la década de los setenta, “pero la monstruosidad de este fenómeno en México explota en el sexenio de Felipe Calderón, después con Peña Nieto baja el volumen y la intensidad, pero no la modifica y después con el terrible caso de la desaparición de 43 estudiantes se pisa el acelerador en las muertes violentas”.
Señaló que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se habla de la reducción de asesinatos “pero eso es inexistente y qué decir de las personas desaparecidas; de acuerdo a datos oficiales hay más de 110 mil personas desaparecidas y otras 100 mil que ya han sido esclarecidos los casos: la dimensión de la tragedia es tremenda, este sexenio será en donde más personas estén desaparecidas”.
Olga de Pina Raves del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México, coincidió que se sentenció a José Luis Abarca Velázquez por el delito de secuestro, “pero tenemos un sin sabor que no se ha hecho justicia por un caso muy grave como la desaparición y ejecución extrajudicial de Arturo Hernández Cardona, en un país donde se sigue cometiendo este tipo de delitos”.
Indicó que en Iguala se habla de al menos 300 desapariciones forzadas más cuando sucedió el asesinato de Hernández Cardona, “hubo denuncias que las autoridades no atendieron y que en caso de que hubiesen intervenido se podría haber evitado la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y centenares más”, añadió.