Texto: Juan Blanco

Chilpancingo, Gro. 07 de febrero del 2023.- El desplazamiento forzado interno en Guerrero, podría llegar a las 30 mil víctimas en el presente año, advirtió el Centro Regional de Derechos Humanos «José María Morelos y Pavón» (Centro-Morelos), por lo que solicitó a las autoridades estatales y federales ajustar la ley para prevenir, atender y reparar integralmente esta problemática.

En un comunicado, esta organización no gubernamental manifestó que aún con este gobierno de la «Cuarta Transformación» que preside Evelyn Salgado Pineda, se siguen registrando hechos de violencia, desapariciones, desplazamiento forzado, pero que en vez de atenderlos se ha empeñado en minimizarlos y negarlos.

En un recuento que hizo de estos hechos, dijo que el 5 de octubre de 2022 se registró una masacre de 22 personas en el municipio de San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente del estado, entre cuyas víctimas mortales estuvo el presidente municipal Conrado Mendoza Almeda, y parte de su gabinete.

Siguiendo con otros ejemplos, recordó que el 8 de noviembre del 2022 se suscitaron bloqueos carreteros de la Policía Tecampanera, y la incursión del grupo delictivo Los Tlacos a los municipios de Apaxtla de Castrejón y Cuetzala del Progreso, desplazando a un número desconocido de familias y desapareciendo a algunos de sus integrantes.

Para el 10 de diciembre del mismo año, añadió, se registró otra masacre, ahora en el poblado El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente de la entidad, con un saldo de siete personas asesinadas. En esa misma fecha también desaparecieron custro policías municipales de Pilcaya, señaló.

En otros hechos, dijo que el jueves 19 de enero policías ministeriales allanaron violentamente varias viviendas de la comunidad de El Pescado, municipio de Coyuca de Catalán, y que aunque no detuvieron a nadie, recordó que sí se robaron dinero y alhajas y otras cosas de valor. «Llama la atención la versión de que entre los policías ministeriales iban gentes de El Durazno disfrazadas de ministeriales», resaltó.

«El sábado 28 de enero en la comunidad de El Parotal, municipio de Petatlán, tres civiles y dos policías estatales perdieron la vida en un enfrentamiento contra delincuentes, cabe resaltar que la gente denunció que la policía llegó al poblado allanando varias casas y robando diversas pertenencias y golpearon mujeres y niños, otra acusación por demás grave es que los civiles muertos iban con la Policía Estatal y que pertenecen al grupo delincuencial que atacó la población», agregó.

Por otra parte, indicó que el domingo 29 de enero un grupo de la delincuencia organizada atacó a balazos la comunidad de El Manguito, asesinando a tres campesinos en represalia por lo ocurrido el sábado 28 en El Parotal, ubicados en los municipios de Tecpan de Galeana y Petatlán, respectivamente.

Para el lunes 30 de enero, dijo, pobladores de Santa Rosa de Lima, municipio de Tecpán de Galeana, se enfrentaron a un grupo armado sin que se supiera de muertos o heridos, en tanto que para el 2 de febrero se registró un enfrentamiento entre civiles armados contra policías y militares, dejando un muerto, un herido y tres detenidos.

«Ahora, si le agregamos los homicidios cometidos día con día en diferentes puntos del estado y las desapariciones, no entendemos cómo pueden las autoridades decir que hay paz y tranquilidad en Guerrero», cuestionó.

Externó que «la consecuencia de esta guerra por el control del territorio y el apoyo de agentes del estado a algunos grupos delincuenciales, ha traído como consecuencia decenas de familias desplazadas, algunas simpatizantes de uno u otro grupo, así como familias aterrorizadas por la violencia se desplazan para evitar ser víctimas del fuego cruzado o de algún secuestro, extorsión o desaparición de algún familiar, tanto de municipios de la región de Tierra Caliente, de la zona de la Sierra y de la Costa Grande, concretamente de los municipios de Petatlán y Tecpán de Galeana».

El Centro-Morelos le recordó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que desde del año 2016 hasta el 2021 sumaron 22 mil 840 desplazados a los que habría que sumarle los más de 2 mil 500 del 2022 y los que van de enero de este año, de modo que, señaló, Guerrero concentra el 50 por ciento de los desplazados que hay en el país, por lo que hasta ahora habría más de 25 mil desplazados en el estado, advirtió.

«De acuerdo al contexto es previsible que habrá otros enfrentamientos, masacres y desplazamientos masivos, que van a incrementar las cerca de 26 mil personas desplazadas actualmente», vislumbró.

Ante estas problemáticas, la organización exigió la actualización y reglamentación a la Ley 487 para Atender y Prevenir el Desplazamiento Forzado Interno; que el Senado de la República ratifique la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno; la reubicación digna de todas las familias víctimas de desplazamiento forzado interno del estado de Guerrero.

Además, la reparación del daño, cuantificando todo lo que cada familia perdió, a lo cual, consideró, se debe incluir: justicia, desarrollo, salud, educación, vivienda digna, tierras para sembrar, fuentes de empleo, proyectos productivos a mediano y largo plazo, y una estrategia de paz y seguridad para Guerrero y el país.

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