Texto: Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro., 15 de diciembre de 2021.- Representantes de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) coincidieron que del 2011 a la fecha en Guerrero se han incrementado «en cifras descomunales» los casos de desaparición forzada y que debiese ser de atención especial del gobierno estatal y federal, para que haya justicia y se castigue a quien perpetre esos crímenes de lesa humanidad.
Así coincidieron este miércoles en la presentación del informe anual de labores del Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan», en una conferencia que se realizó por redes sociales de Facebook y YouTube, en el marco del 28 aniversario de la creación de ese organismo civil.
En el mensaje de bienvenida el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández aseveró que el informe es obra de los 26 integrantes de ese Centro y que en síntesis condensa en sus casi 500 páginas el dolor de familias y víctimas de desaparición forzada en Guerrero, del clima de impunidad, de la falta de justicia, de asesinatos que quedan en la impunidad.
Barrera Hernández, aseveró que la frase «los seguimos esperando y no vamos a descansar hasta encontrarlos, es una frase que resuena en todo México de madres y padres que en su mente está el nombre de sus esposos, de sus hijos, desde el dolor, desde el sufrimiento, desde la indignación de lo que significa no tener al ser amado y esperando que llegue a la puerta, un informe que da coraje y nos obliga a escribir la realidad de lo que sucede en la Montaña y Costa Chica de Guerrero».
Afirmó que en Guerrero, «la justicia colapsada» y que no es un «buen augurio que el nuevo fiscal se esté eligiendo en un proceso muy cuestionado, tendrá muchos desafíos a quien se elija y que esperemos se ponga del lado de las víctimas y no del poder político en turno».
En la conferencia participó como comentarista la integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, Angela María Buitrago y aseveró que Tlachinollan se ha convertido en un Centro «que acompaña, ayuda, aconseja a las personas que lo necesita, muestra una realidad particular de lo que sucede en Guerrero, pero que pudiese ser una radiografía de lo que pasa en este país».
Buitrago, no dudo en señalar que «hay una violencia que desangra al país, un país que se transversaliza en violencia, hay una violencia criminal que pretende apoderarse del territorio nacional, que coopta a las autoridades y las estadísticas dejan la clara realidad de una alta impunidad, donde debe hacerse énfasis en particular».
Dijo que en Guerrero «hay multiplicidad de conflictos y que se debe ponerle un alto a los sistemas de desigualdad y discriminación, debiese haber compromiso del gobierno del estado y federal ante la inoperancia de las instancias oficiales ante la ineptitud de resolver el tema de seguridad pública, de justicia».
Sostuvo que de acuerdo a las cifras del informe desde el 2011 en Guerrero «se ha incrementado en cifras descomunales los casos de desaparecidos en Guerrero, la justicia no funciona, no interviene en desapariciones, no sanciona la violencia feminicida, no se resuelve y castiga los asesinatos y amenazas de periodistas, de los mismos gobernantes, es una situación delicada».
Por su parte, Guillermo Fernández Maldonado Castro representante en México de la oficina de la Alta comisionada de la ONU en materia de Derechos Humanos, dijo que en el país hay serias «deficiencias del sistema de justicia, la desaparición forzada, la violencia de género, la colusión del crimen y las autoridades, la pandemia, el proceso electoral del 2021, los impacto de la industria minera, desplazamiento forzado, matrimonios forzados de niños, en casos que han estremecido a Guerrero y todo el país».
Aseveró que en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre del 2014, «hay necesidad de verdad y justicia, consideró que el gobierno de López Obrador debe de dar señales claras de abrir expedientes e información del papel del Ejército en la desaparición de los 43 normalistas en Iguala en septiembre del 2014 y que la negación de información pudiese ser parte de acciones legales contra los servidores públicos que lo hagan».
También hizo mención especial del dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop), Vicente Suastegui Muñoz que está desaparecido desde agosto pasado y que consideró que no hay acciones efectivas para saber lo que pasó y deslindar responsabilidades.
Por su parte el coordinador de la sección de Opinión de La Jornada, Luis Hernández Navarro afirmó que Tlachinollan presenta «un informe lleno de dolor y de tragedia con el ejemplo de Acapulco que es rehén de intereses de grupos del narcotráfico» y enumeró una serie de conflictos en Guerrero, pero en participar el caso de la desaparición del dirigente del Cecop, Vicente Suastegui Muñoz y criticó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no tenga contemplado «un gran proyecto gubernamental para Guerrero».