Texto: Jesús Saavedra

Chilpancingo, Gro. 24 de septiembre de 2021.- El presidente de la Comisión por la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas Rodríguez afirmó que autoridades federales, estatales y municipales se confabularon para perpetrar este delito y que posterior a los hechos hubo una acción intencional para evadir esas responsabilidades y advirtió que hay evidencias para deslindar responsabilidades por omisión y comisión, «pretendieron borrar evidencias para encauzar una verdad histórica que nunca sucedió».

Encinas Rodríguez encabezó está conferencia de prensa en Palacio Nacional, en un hecho inusual y que indica que el encuentro entre el presidente, Andrés Manuel López Obrador con el Comité de Madres y Padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala en septiembre del 2014 fue ríspido, que obligó al gobierno federal a ofrecer su posición de este encuentro a unos días que se cumplan 7 años de este lamentable hecho.

En la conferencia, Encinas Rodríguez dijo que este gobierno de López Obrador ha desclasificados más de 30 mil documentos, de los cuales 17 mil son de la Secretaría de la Defensa Nacional, una instancia que los padres han pedido que sea investigada, «no se trata de acopio de documentos, se trata de información importante de comunicaciones de Guerreros Unidos y actores importantes de autoridades estatales».

Dijo que se ha hecho una reconstrucción de los hechos a partir de esa información, de testimonios, «que han demostrado que no hay argumentos de la verdad histórica» y que hicieron un análisis de 80 millones de análisis de llamadas telefónicas en ese momento en Iguala, de las cuales más de 200 mil fueron de interés del caso y que un centenar de llamadas de personas «claves, sus vínculos de Guerreros Unidos con autoridades, policías de Iguala, Cocula, Tepecuacuilco, Huitzuco y otros municipios y ha permitido la forma de actuación de sicarios, policías».

El subsecretario aseveró que se ha confirmado que no se demostró que hubiese vínculo entre los estudiantes y el grupo delictivo, «que la  agresión de los estudiantes  se realizó cuando menos a través de tres células integradas por policías y sicarios del grupo delictivo, que los 43 estudiantes nunca estuvieron juntos cuando fueron privados de su libertad».

Que además de esa información se han derivado 55 acciones de búsqueda en Guerrero en Iguala, Cocula, Huitzuco, San Miguel Totolapan, Eduardo Neri, Tepecuacuilco y Taxco, «en 12 casos ha habido resultados positivos ha habido hallazgos y hemos recuperado 27 cuerpos; 6 en El Amate en Cocula, 21 en la barranca de El Tigre en Iguala y cientos de restos óseos en Iguala Cocula y Eduardo Neri que están sin identificar y 2 hallazgos que dieron positivo en la barranca de La Carnicería en Cocula de Joshivani Guerrero de la Cruz y Cristian Rodríguez Telumbre y hay un tercer hallazgo que no dio positivo y agregó que hay 2 lugares más de búsqueda que no quiso revelar.

Agregó que hay 4 «objetivos prioritarios» para ampliar la tesis de lo que sucedió en septiembre del 2014 y que han sido asesinadas 21 personas vinculadas al caso, «vamos a seguir insistiendo en que haya justicia y verdad» y que como autoridades «quisiéramos avanzar más rápido, pero no vamos a comprometer el trabajo con mentiras.

El Fiscal especial del caso de la FGR, Omar Gómez Trejo dijo que el caso de Ayotzinapa representa a miles de familias en el país que han sufrido la desaparición de un familiar y que la extinta PGR pretendió en «tres días cerrar el caso y engañar a las familias» y que la llamada «verdad histórica» que los 43 normalistas fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula y que ejemplo de ello es que todos los detenidos vinculados a esa teoría fueron exonerados por el sistema judicial por haber sido torturados para «manipular pruebas y apoyar una narrativa y que sola la responsabilidad recaía en policías y no en la complicidad que había entre autoridades de los tres niveles de gobierno».

Reveló que en la barranca de La Carnicería en Cocula encontraron cientos de restos óseos y de los cuales se seleccionaron 22, de los cuales se confirmó que pertenecen a los estudiantes Joshivani Guerrero de la Cruz y Cristian Rodríguez Telumbre, «los cuales no tienen evidencia que fueran restos de una persona incinerada, eran restos expuestos a la intemperie y que demuestran que no todos los estudiantes fueron incinerados y que exhibe la responsabilidad de las autoridades que se empeñaron en fabricar la verdad histórica».

Informó que hay más de 20 testigos protegidos que saben del caso y que han abierto nuevas líneas de investigación a las autoridades que han demostrado que «dentro y fuera del gobierno se empeñaron en fabricar la verdad histórica» y que países como España, Austria y Estados Unidos han coadyuvado en aportar elementos técnicos para las nuevas teorías.

Aceptaron que en el encuentro con los padres no estaban conformes con los resultados, pero que el compromiso era con «la verdad y la justicia, entendemos la  desesperación de los padres y estamos comprometidos con dar resultados».

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