Texto: Jesús Saavedra
El abogado de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Vidulfo Rosales Sierra aseveró que hay una campaña de hostigamiento en su contra de parte del Ejército y sostuvo que hay elementos para que las autoridades deslinden responsabilidades contra el capitán, José Martínez Crespo no sólo por delincuencia organizada, sino por la desaparición forzada de esos muchachos.
Previo a que el Juzgado Segundo de Procesos Penales con sede en Toluca, Estado de México dictara un auto de formal prisión contra Martínez Crespo por los delitos de delincuencia organizada, el abogado del militar, Conrado López Hernández dio una entrevista a Milenio Televisión en donde aseveró que Rosales Sierra no tenía «ética» para hacer señalamientos contra su defendido,
López Hernández, sostuvo en esa entrevista que fue compañero de Martínez Crespo en el Heroico Colegio Militar y que los egresados de la generación a la que pertenecieron se organizaron y decidieron ayudar con la defensa jurídica del capitán.
El abogado de Martínez Crespo aseveró que la noche de la desaparición de los normalistas no participó en ningún hecho para que desaparecieran a los normalistas, aunque en la entrevista si corroboró que estuvo en el lugar de la agresión a los autobuses de los normalistas, en la barandilla municipal y en la Clínica Cristina, por órdenes superiores.
Sobre las declararciones del abogado del capitán del Ejército, Rosales Sierra dijo que esos señalamientos públicos «se inscriben en el marco de un hostigamiento que el Ejército y el gobierno anterior desplegó en mi contra».
Y señaló que los señalamientos que han hecho contra José Martínez Crespo se basan en los datos de prueba que recabó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) «y están establecidos en los dos informes que emitió».
El abogado de «Tlachinollan», subrayó que esos datos sostienen que desde que llegaron los estudiantes fueron seguidos por un militar de inteligencia que estuvo al tanto de lo que hacían los estudiantes; dos militares operaron el C4 de Iguala, desde ahí dieron seguimiento a los movimientos de los estudiantes en tiempo real, por lo tanto supieron momento a momento lo que ocurría.
Y que en el caso del capitán, José Martínez Crespo «al mando de una patrulla militar recorrió varios escenarios de agresión, principalmente, el hospital Cristina – donde hizo contacto con estudiantes heridos y no se dignó a prestar auxilio – y barandilla municipal».
Afirmó además que existen «datos de prueba que el capitán Martínez Crespo tenía vínculos con el grupo delictivo Guerreros Unidos, al grado que su nombre apareció en mantas que colocaron miembros de la delincuencia organizada.
Estos hechos ameritan ser investigados por la autoridad civil ante un hecho tan grave como la desaparición de 43 estudiantes, por ello el Capitán Crespo debe rendir cuentas en el proceso penal que se le instruye y otros que se tengan que abrir para deslindar su responsabilidad».
Y pidió «que no se confundan los militares sus elementos están vinculados en actos de corrupción que ameritan esclarecerse. La vociferación del Conrado López Hernández hacia mi persona es irresponsable, los señalamientos no los hago yo. Existen datos de prueba contra su defendido, al grado que un juez le dictó formal prisión», finalizó.