Texto: Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro. 21 octubre 2020.- Durante la presentación de la iniciativa Campo Justo que busca establecer un salario mínimo especializado de 300 pesos, denunciaron malos tratos y discriminación e hicieron un llamado al presidente, Andrés Manuel López Obrador, para que busque caminos que permitan respetar a cabalidad los derechos humanos de la población jornalera.
En la presentación de esta iniciativa de Fundar y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlahinollan», los jornaleros agrícolas, Felipe Mendoza, Rosalba Gabriel, Rocío Domínguez, Gregorio López, Hermelinda Santiago y Castro Solano dieron testimonio de su actividad económica.
Desde las instalaciones de «Tlachinollan» en Tlapa, Felipe Mendoza jornalero de la comunidad de Joya Real, municipio de Cochoapa el Grande denunció que están «abandonados y tenemos que migrar para mejorar nuestras condiciones de vida».
Mendoza indicó que tiene dos meses que regresó del Valle de San Quintín en Baja California, «la situación es que no se defienden los derechos de las y los jornaleros, no tenemos salarios justos, no tenemos derechos de salud, educación para nuestros hijos y condiciones dignas para laborar», describió este campesino que tiene 20 años de migrar de la Montaña al norte del país.
Rocío Domínguez, de la comunidad de Ayotzinapa, municipio de Tlapa explicó que desde los 12 años empezó a migrar a campos de cultivo del norte del país «enfrentamos mucho maltrato, empezando por los autobuses. Ahí empieza la discriminación. Nos gritan, además de que ni siquiera tienen permiso para conducir.
Llegando a los campos agrícolas nos dan galeras como vivienda, son bodegas sin piso ni puertas, sólo hay ratones y cucarachas. Al patrón le decimos de las condiciones de vivienda, pero no hacen nada».
Relato que sus hijos «no entienden bien el español y por lo mismo no son bien tratados, las mismas niñeras no atienden bien a nuestros hijos. En el tema de la salud, cuando nos enfermamos el patrón no hace nada, a pesar de que es su responsabilidad darnos las facilidades para el acceso a los servicios de salud. Nosotros tenemos que pagar si vamos a los hospitales. En cuanto a la educación en los campos agrícolas simplemente no hay escuelas para nuestros hijos, también es un derecho que el Estado mexicano debe garantizar».
Informó que una de sus compañeras de trabajo, «murió su niño en los campos agrícolas, ella se había ido a trabajar al corte de plantas chinas en Sinaloa, apenas había llegado al campo le llamaron para darle la noticia de que su hijo había muerto. Núnca supo que pasó. Al contrario, las niñeras se molestaron y la corrieron del campo con su hijo en brazo, ya muerto, por tratar de exigir que había pasado. No nos hacen caso porque dicen que somos indios, porque no fuimos a la escuela, porque no sabemos hablar español y que por eso no tenemos derechos», denunció.
En sus testimonios que hicieron vía Zoom, hicieron un llamado al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, para que reconozca su trabajo y urgieron a empresarios para hacer valer sus derechos, «nosotros llevamos alimentos a todas las familias del país y no es justo que se nos maltrate y que nos den una miseria de salario, es nuestro derecho y no estamos pidiendo limosna sino reclamamos nuestro derecho», agregó Rosalba Gabriel.