A través de un comunicado exige a la CIDH “avanzar en la petición P-2382-22 y al Estado mexicano reconocer la tortura” y asesinato del que fue víctima el alumno de Ayotzinapa hace 12 años
Texto: Jesús Saavedra
Chilpancingo, 28 de septiembre de 2026.- La Red Solidaria Década Contra la Impunidad recriminó que a 12 años del asesinato y tortura del normalista Julio César Mondragón Fontes en Iguala, el gobierno de México no ha dado respuesta a un requerimiento que hicieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La Red es encabezada por el obispo, Raúl Vera López y representante de la familia de Mondragón Fontes ante el Sistema Interamericano de Justicia.
A través de un comunicado exigieron a la CIDH “avanzar en la petición P-2382-22 y al Estado mexicano reconocer la tortura” y asesinato del que fue víctima el normalista en mención.
Recordaron que la noche del 26 de septiembre de 2014, Julio César Mondragón Fontes estaba en Iguala junto con otros compañeros y perseguido tras un ataque armado contra un grupo de normalistas en el cruce de las avenidas Juan N. Álvarez y Periférico Norte; en ese ataque fallecieron a tiros, Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava.
La mañana del 27 de septiembre el cuerpo de Mondragón Fontes fue localizado en la colonia Zona Industrial, con el rostro desollado y con múltiples fracturas por la tortura a la que fue sometido y que a doce años de ese hecho “no se sabe con certeza quiénes lo privaron de la libertad, quiénes lo torturaron y lo asesinaron, ni qué autoridades supieron de ello”.
Señalaron que la investigación se abrió por homicidio calificado, a pesar que existe un dictamen oficial donde se reconoce que el normalista fue torturado, “el delito no ha sido reclasificado, tampoco se han esclarecido las contradicciones en los reportes militares sobre el lugar, la hora y las personas que encontraron su cuerpo, señaladas desde hace años por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)”.
La Red presentó ante la CIDH en diciembre del 2022, una petición y un año después les notificaron que la petición “había sido trasladada al Estado mexicano en la etapa de admisibilidad. El Estado dejó vencer el plazo para presentar sus observaciones, y el 12 de agosto de 2024 la Comisión dejó constancia de su falta de respuesta”.
Señalaron que “el silencio del Estado ante la CIDH no es un trámite pendiente: es la continuación de la misma impunidad que ha marcado este caso desde la noche de Iguala”. Y demandaron que se emita a la brevedad “el informe de admisibilidad de la petición P-2382 22” o, si procede: que acoja la solicitud de acumular admisibilidad y fondo ante la falta de respuesta del Estado”.
Pidieron al gobierno de México “que reclasifique la investigación reconociendo la tortura y la ejecución extrajudicial de Julio César Mondragón Fontes; que se investigue a todos los actores y niveles de responsabilidad, incluida la actuación de las fuerzas armadas, y se esclarezcan las circunstancias del hallazgo del cuerpo”.