El titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el caso Ayotzinapa (Ueilca) rinde nuevo informe sobre el caso; investigan funeraria porque era de grupo criminal
Texto Jesús Saavedra
Chilpancingo, 28 de septiembre de 2026.- El titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el caso Ayotzinapa (Ueilca), Mauricio Pazarán Álvarez reveló que la Funeraria “El Ángel” de Iguala se ha establecido como una nueva línea de investigación porque formaba parte de un centro de operación clandestino del grupo criminal Guerreros Unidos (GU).
En el informe del caso Ayotzinapa indicó que se hizo un nuevo análisis de los registros telefónicos en 2014 y 2015 posterior a la desaparición de los normalistas que les permitió “identificar patrones que no habían sido explorados en investigaciones anteriores, detectando a 17 personas que no habían sido identificadas y que hoy son sujetas de investigación, reconstruyendo vínculos entre ellas durante las horas críticas de la desaparición”.
Ese análisis llevó a una conexión telefónica en la noche del 26 y madrugada del 27 entre operadores de GU y Rodolfo Rueda Sebastián propietario de la funeraria “El Ángel” y “Funerales Económicos Rueda”, quien también en esas horas se comunicó con Irving Arroyo Aranda y sicarios de ese grupo criminal.
Destacó que Rueda Sebastián y su familia “son propietarios de las funerarias investigadas y aseguradas, pero también son concesionarios del Servicio Médico Forense, que es la institución que certifica las causas de muerte y da las autorizaciones para sepultar o incinerar a un cuerpo, además esta persona y su familia tenían una participación directa en la administración del panteón”.
Reveló que el 4 de octubre del 2014, Rodolfo Rueda Sebastián utilizó “el equipo telefónico del estudiante Julio César Mondragón Fontes”, cuyo cuerpo desollado y torturado fue abandonado en la colonia Zona Industrial de Iguala, “este hallazgo fortaleció los indicios que vinculan a personal de las funerarias con la desaparición de los estudiantes”.
Recordó que en octubre del año pasado hicieron un cateo en la funeraria “El Ángel” en donde encontraron “irregularidades relevantes que permiten comprender la gravedad de esta investigación; dentro de la misma propiedad funcionaba el Semefo y de acuerdo con los elementos recabados, ese servicio también era operado y controlado por los propietarios de la funeraria”.
Que en el lugar encontraron “un resto óseo guardado en un cajón, un arma de fuego (pistola) de uso exclusivo de las fuerzas armadas, documentación relacionada con el nutriólogo Irving ‘N’ y un horno clandestino sin registro oficial” y mostro que hallaron también “certificados de defunción y oficios de traslado de cadáveres y autorizaciones de inhumación, estaban en blanco y tenían sellos oficiales, firmas de autorización” y mostró las fotografías de esos documentos.
Que por ello la FGR aseguró la funeraria “El Ángel”, sus dos hornos crematorios, el crematorio clandestino y los indicios localizados, además que fueron Rodolfo Rueda Sebastián y su hijo Rodolfo Rueda Mazón “ambos fueron puestos a disposición judicial, vinculados a proceso y ambos quedan en prisión preventiva en El Altiplano”.
El titular de la Ueilca, indicó que decidieron realizar un nuevo cateo en el Semefo en diciembre del año pasado, y encontraron “restos óseos sin registro, cuerpos con carpetas duplicadas y restos con referencias de fechas que se remontaban al año 2014; en un colchón se ubicó en la parte trasera posterior se localizaron restos óseos, calcinados y piezas dentales”.
Y que por ello se amplió la búsqueda en todo el predio, “se localizaron 23 indicios, entre ellos, cientos de fragmentos óseos, prótesis dentales, restos biológicos, cartuchos de armas de fuego, casquillos y documentación”, lo que se está en análisis y que a petición de los padres de los 43 se ha incorporado a ese análisis al Equipo Argentino de Antropología Forense “para contribuir a la transparencia de este análisis”.
Señaló que desde el 2010 la familia Rueda Mazón operaban el Semefo “bajo supervisión del gobierno de Guerrero, ese dato nos obliga a examinar tanto la actuación de quienes lo operaban, como el alcance de la supervisión pública” y que hay testigos protegidos, cuyas declaraciones del 2020 y 2025 “señalaron que algunos estudiantes pudieron haber sido trasladados a funerarias, con el propósito de desaparecer evidencia mediante procesos de incineración y se fortalece la hipótesis de la existencia de una red criminal que operaba a través de las funerarias y del Semefo de Iguala, como posibles mecanismos utilizados por la organización criminal conocida como Guerreros Unidos”.
Y que en base a esas pruebas dieron lugar a un segundo proceso penal contra Rodolfo Rueda Sebastián “por delincuencia organizada y la desaparición forzada de personas, en agravio de los 43 estudiantes de Ayotzinapa”.
Que en junio pasado se otorgaron siete órdenes de aprehensión, cuatro correspondientes a integrantes de la familia Rueda Mazón, “Rodolfo ‘N’ padre; Violeta ‘N’; Rodolfo ‘N’ hijo y Helen ‘N’, por desaparición forzada en relación con la operación de la funeraria y el control del Semefo”. Que además se ejercieron tres órdenes de aprehensión más por los delitos de desaparición forzada y ejercicio ilícito del servicio público en contra de César Manuel ‘N’ quien era director del Semefo en Guerrero; contra Ben ‘N’ ex secretario de Salud en Iguala y Julio César ‘N’ médico legista y técnico forense municipal, que inclusive “esta última persona se encontraba en la Barandilla el día de la desaparición de los estudiantes; las siete personas se encuentran vinculadas a proceso y en prisión preventiva”.
Pazarán Álvarez dijo que se busca esclarecer “quiénes eran las personas cuyos restos estaban ahí (en el Semefo), cómo fueron recibidos sus cuerpos y qué información se asentó en sus documentos; exige determinar si los formatos firmados en blanco fueron utilizados para encubrir muertes violentas, autorizar inhumaciones con datos falsos o impedir que una familia conociera el destino de su ser querido, porque la búsqueda de una persona también depende de que sus registros digan la verdad y cuando esos registros pueden manipularse, una familia puede perder incluso la posibilidad de saber en dónde buscarlo”, agregó.
Usaron celulares de normalistas
Dos exservidores públicos y una pareja sentimental de otro servidor público de Iguala utilizaron posterior al 26 de septiembre del 2014 los teléfonos celulares de 3 de los 43 normalistas desaparecidos en esa ciudad de la zona Norte de nuestra entidad .Así lo reveló Pazarán Álvarez.
Indicó que en el trabajo que han realizado pudieron determinar que el aparato telefónico del normalista, Jorge Antonio Tizapa Legideño fue utilizado del 23 al 25 de octubre del 2014 por Mauro Antonio Mosso Benítez, quien en esas fechas se desempeñaba como policía del Estado y posteriormente fue director de Tránsito de Iguala.
Que por esas pruebas que acreditaron el uso de ese teléfono el 25 de agosto la juez Segundo de Distrito en materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, otorgó orden de aprehensión en contra de Mosso Benítez por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas en agravio de los 43 estudiantes desaparecidos, “respecto de las demás personas que utilizaron posteriormente este aparato telefónico, las investigaciones continúan”, advirtió.
El funcionario de la FGR, informó que con el análisis de las sábanas telefónicas existentes se logró identificar otro dispositivo telefónico del normalista, Jorge Aníbal Cruz Mendoza “el cual fue utilizado por un policía municipal de Iguala el día 30 de septiembre del año 2014 y posteriormente por su pareja sentimental; de las pruebas recabadas hasta el momento, se conoció que el policía municipal laboró activamente aquella noche de los hechos y esto es relevante, ya que pudo haber participado en la detención y posterior desaparición de los estudiantes”, pero no indicó si ese policía sigue en activo o está detenido.
Hay otro teléfono el del normalista, Israel Caballero Sánchez “el cual fue utilizado con posterioridad a su desaparición y hasta el momento únicamente podemos informar que este aparato fue utilizado por la esposa de un exservidor público municipal, adscrito a la Barandilla, en funciones el día de los hechos”.
Que otra línea de investigación es la de Barandilla de Iguala y que por ello siguen tramitando la extradición del juez, José Ulises Bernabé “quien afirmó que únicamente el día de los hechos seis personas detenidas habían ingresado a esta Barandilla” y que hay testimonios que al menos 16 normalistas fueron vistos la última vez en esas instalaciones.
Dio a conocer que se detuvo a una persona, quien al momento de la desaparición era menor de edad (14 años) y se dedicaba a tareas de vigilancia de GU y detenido en abril pasado y está proporcionando “información relacionada con los hechos de la investigación, proporcionó puntos de interés para la búsqueda de indicios”.
Confirmó en la conferencia que la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Lambertina Galeana Marín y la Visitadora, Blanca Estrada Ortega son testigos colaboradores de la FGR y son quienes señalaron al exgobernador, Ángel Aguirre Rivero de haberles ordenado la destrucción de los videos de vigilancia del Palacio de Justicia en Iguala y que pudieron haber documentado la desaparición de normalistas en el bulevar de salida a Chilpancingo.
Indicó que siguen gestionando las extradiciones del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio prófugo en Israel; del ex juez de Barandilla, José Ulises Bernabé quien se encuentra en Estados Unidos. Detalló que la Ueilca tiene abiertos 162 expedientes, de ellos, 60 corresponden a averiguaciones previas, 42 a carpetas de investigación y 60 a causas penales; un registro de 168 personas sujetas a proceso, de ese total, 130 personas se encuentran detenidas en prisión, 38 cuentan con una medida cautelar distinta a la prisión preventiva.
Mauricio Pazarán añadió que su “prioridad es dar seguimiento puntual a cada expediente, fortalecer las investigaciones, impulsar el cumplimiento de las órdenes pendientes y evitar que el paso del tiempo afecte ese acceso a la justicia”.
Afirmó que presentaron “resultados concretos, visibles y verificables, obtenidos dentro del marco de la ley y del debido proceso y orientados a la búsqueda de la verdad y la justicia que en el caso Ayotzinapa constituye una ineludible responsabilidad del Estado mexicano con las familias de los jóvenes desaparecidos”.