El Observatorio Marmaid denunció que estaba nstalada en la Plaza Cívica “Ignacio Manuel Altamirano” en memoria de Ayelin Iczae Gutiérrez Marcelo, niña de 13 años asesinada en octubre de 2020

Jesús Saavedra

Chilpancingo, 20 de noviembre de 2026.- El Observatorio Marmaid denunció que la antimonumenta instalada en la Plaza Cívica “Ignacio Manuel Altamirano” en Tixtla, en memoria de Ayelin Iczae Gutiérrez Marcelo, niña de 13 años quien fue víctima de feminicidio en octubre de 2020 ha sido retirado en días recientes.

Este viernes ese Observatorio denunció este hecho atribuido a las autoridades de ese municipio, “independientemente de las razones administrativas o de infraestructura que hayan de por medio, consideramos inadmisible que una intervención de esta naturaleza se realice sin comunicación previa, diálogo y consideración hacia Flora Marcelo, madre de Ayelin”.

Recordaron que en ese lugar se colocó una cruz rosa el 10 de febrero de 2022, “fue instalada por su madre, acompañada de colectivas feministas y organizaciones sociales, como un acto de memoria, resistencia y exigencia de justicia. Representa la ausencia de Ayelin, la ausencia de muchas mujeres y niñas víctimas de feminicidio, pero también la decisión de su familia y de las mujeres organizadas de no permitir que su historia quedara en el olvido”.

Indicaron que el 17 de octubre también en una pared de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se borró un mural que se pintó por los seis años de su desaparición y feminicidio, con la participación de su madre, su hermana y defensoras de derechos humanos, “apenas unos días después, el mural fue cubierto con pintura negra por una supuesta activista feminista”.

Criticaron que esas expresiones “construidas para recordar sus vidas y exigir justicia continúan expuestas a desaparecer sin que se garantice su permanencia ni se priorice el diálogo con sus familias”. Aseveraron que en el caso de Tixtla “no se trata únicamente de una cruz que se retira o de un mural que se cubre con pintura. Son expresiones colectivas que buscan confrontar el silencio, cuestionar la impunidad y mantener presentes las exigencias de justicia”.

Sostuvieron que a 6 años del feminicidio de Ayelin, “su familia continúa enfrentando las consecuencias de la violencia y la falta de justicia. Su madre ha denunciado públicamente las irregularidades del proceso judicial y la liberación de los cuatro hombres que habían sido sentenciados por el crimen. La deuda institucional con Ayelin y su familia sigue vigente”.

Sostuvieron que las autoridades municipales y estatales “tienen una responsabilidad que va más allá de la conservación y remodelación de los espacios públicos: deben garantizar el respeto a la memoria, reconocer a las víctimas indirectas y establecer mecanismos de diálogo con las familias y colectivas que han construido estos lugares de memoria”.

En ese sentido exigieron al gobierno de Tixtla, “una explicación pública sobre el retiro de la antimonumenta y las condiciones en las que se realizó esta acción. Que se establezca comunicación inmediata con Flora Marcelo Rojas y se reconozca su derecho a participar en las decisiones relacionadas con la restitución y permanencia de la antimonumenta”.

Consideraron que es necesario la “restitución de la antimonumenta en un espacio digno, visible y acordado con la familia de Ayelin y las colectivas que participaron en su instalación; a las autoridades municipales y estatales, garantías de respeto y protección de los espacios de memoria construidos por familiares de víctimas y organizaciones sociales”. Pidieron a la Comisión de Derechos que informe sobre las acciones emprendidas ante el borrado del mural y garantice condiciones para que la expresión de memoria pueda reconstruirse y permanecer, “que las instituciones correspondientes continúen atendiendo las exigencias de verdad, justicia y reparación integral para Ayelin y su familia”.

Señalaron que la memoria de Ayelin “no puede depender de la voluntad de quienes administran los espacios públicos. Porque recordar también es una forma de exigir justicia. Porque ninguna remodelación, disposición administrativa o conflicto por el espacio puede estar por encima de la dignidad de las víctimas y sus familias”.

Añadieron que no quieren “ciudades que embellezcan sus plazas mientras retiran las huellas de las violencias que las atraviesan. Queremos espacios públicos donde las víctimas sean nombradas, donde sus historias permanezcan y donde las exigencias de justicia no sean incómodas ni removibles. Queremos vivir seguras, libres y sin miedo. Ayelin tenía derecho a vivir. Su madre tiene derecho a la verdad y a la justicia. Y todas y todos tenemos el derecho y la responsabilidad de mantener viva su memoria”.

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