Artículo 19, la Federación Internacional de Periodistas y Reporteros sin Fronteras fijaron una postura por separado, respecto al crimen del periodista ocurrido en Acapulco el sábado pasado

Texto Jesús Saavedra

Chilpancingo, 17 de noviembre de 2026.- Amnistía Internacional, Artículo 19, la Federación Internacional de Periodistas y Reporteros sin Fronteras condenaron el asesinato de Eduardo Flores Salado y exigieron a la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGEG) una investigación exhausta, se detenga al o los responsables y el crimen no quede impune como la mayoría de los asientos de periodistas en México.

Las organizaciones en mención fijaron una postura por separado, respecto al crimen del periodista ocurrido en Acapulco el sábado pasado, el cual condenaron,

exigieron que se haga justicia y se solidarizaron con sus familiares y el gremio periodístico de Guerrero que exige justicia por el asesinato.
Amnistía Internacional sostuvo que el asesinato de Flores Salado «ocurre en un contexto de persistente violencia contra quienes ejercen el periodismo en México, donde las amenazas, agresiones y la impunidad continúan poniendo en riesgo la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada. Exigimos a la Fiscalía General del Estado de Guerrero realizar una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial, que contemple de manera prioritaria su labor periodística como posible móvil del asesinato sin descartar otras líneas de investigación, incluidas aquellas relacionadas con posibles motivaciones discriminatorias. Las autoridades deben garantizar el esclarecimiento de los hechos, la identificación de todas las personas responsables y el acceso a la verdad y la justicia para sus familiares».

Hicieron un llamado a las autoridades estatales y federales «a garantizar condiciones de seguridad para las personas periodistas en Guerrero, particularmente para quienes enfrentan riesgos derivados de su labor informativa, y a adoptar medidas efectivas para prevenir nuevas agresiones».
Consideraron que el «ejercicio del periodismo no puede seguir desarrollándose bajo la amenaza de la violencia y la impunidad. Proteger a quienes informan es una obligación del Estado y una condición indispensable para garantizar los derechos humanos y una sociedad democrática», añadieron.

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