Fijó una postura por los asesinatos ocurridos en México este año de Alejandro Leyva Aguilar, Alex Serna de Zihuatanejo, Carlos Castro, Josué Martínez, Luis Ángel López y Roxana Guzmán
Texto Jesús Saavedra
Chilpancingo, 13 de agosto de 2026. – El Comité de Protección a Periodistas (Committee to Protect Journalist CPJ), llamó a la Fiscalía General de la República (FGR) a ejercer su facultad de atracción de las investigaciones de los asesinatos de 6 periodistas que se han perpetrado este año y uno de ellos el de Manuel Alejandro Moreno Serna (Alex Serna) en Zihuatanejo.
Esa organización no gubernamental cuya sede se encuentra en New York, Estados Unidos se dedica a la defensa de la libertad de expresión y los derechos de los comunicadores a informar sin miedo a represalias en todo el mundo.
El CPJ fijó una postura por los asesinatos ocurridos en México este año de Alejandro Leyva Aguilar, Alex Serna, Carlos Castro, Josué Martínez, Luis Ángel López y Roxana Guzmán y alertó que 5 crímenes se cometieron “en un lapso de poco más de dos meses, lo que representa uno de los picos de violencia más mortíferos contra la prensa que el CPJ ha documentado en más de una década”.
Afirmaron que a pesar de las diversas exigencias organizadas de justicia en los estados donde los reporteros fueron asesinados, “las autoridades gubernamentales no han atendido las preocupaciones expresadas por periodistas locales y grupos de libertad de prensa sobre el hecho de que los comunicadores estén siendo agredidos en relación con su labor” y que la presidenta Claudia Sheinbaum “no se ha pronunciado sobre esta racha de asesinatos en su conjunto, ni su gobierno ha anunciado acciones específicas en respuesta”.
Señalaron que las autoridades de Oaxaca y Veracruz han dado respuestas “deficientes” y que en el caso de los gobernadores de Puebla y de Guerrero, ni siquiera “han abordado directamente los asesinatos de Josué Martínez y Alex Serna”.
Por ello hicieron un llamado a la FGR “a ejercer su facultad de atracción de todos los casos de periodistas asesinados, aumentar la coordinación entre las autoridades federales y estatales, y reforzar las medidas de protección para todos los periodistas en el marco del Mecanismo federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.
El CPJ aseveró que en sus investigaciones “han determinado que la impunidad sigue siendo el factor principal que incentiva los ataques mortales contra la prensa en México, lo que hace que la necesidad de ejercer la facultad de atracción de los casos por las autoridades federales sea aún más urgente, sobre todo debido al deficiente historial de las fiscalías estatales en la investigación de agresiones contra la prensa y a la presunta implicación de funcionarios públicos locales en al menos dos de los casos.
Detallaron el asesinato de Carlos Castro el 8 de enero en Poza Rica, Veracruz; el hallazgo de los restos de Roxana Guzmán el 3 de julio en Nanchital, Veracruz, quien fue privada de su libertad el 2 de junio; el crimen de Luis Ángel López el 11 de junio en Poza Rica, Veracruz. Destacaron que en el caso del asesinato de Alex Serna se tiene conocimiento de que su cuerpo fue hallado el 22 de junio en la Costa Grande de Guerrero, pero que no hay ninguna información oficial de la Fiscalía del Estado de Guerrero del caso.
Enlistaron el crimen de Josué Martínez en San Martín Texmelucan, Puebla el pasado 16 de julio; el asesinato de Alejandro Leyva Aguilar el 22 de julio en Etla, Oaxaca. Destacaron que México “se ha mantenido de forma constante entre los 10 países con peor clasificación en el Índice Global de Impunidad del CPJ, situándose a menudo justo por debajo de naciones que se encuentran en zonas de guerra activa. Además, el CPJ ha clasificado 97 de los 166 asesinatos de periodistas y trabajadores de medios en México desde 1992 como ‘no confirmados’, lo que significa que la organización no pudo determinar si los homicidios estaban directamente vinculados con la labor periodística de las víctimas”.
Añadieron que las “causas profundas de esta violencia son en gran medida similares a las documentadas por el CPJ a lo largo de las últimas décadas. Las violentas disputas territoriales entre el tráfico de drogas y otras bandas criminales continúan asolando el país, dejando a los periodistas -especialmente a quienes cubren temas de corrupción y nota roja- en una situación de particular vulnerabilidad frente a los ataques”.
Y que las investigaciones del CPJ “han determinado que los funcionarios públicos, en particular los elementos policiales, suelen figurar entre los agresores, lo que alimenta la desconfianza y lleva con frecuencia a que los comunicadores no denuncien las amenazas ni los ataques, mientras que la impunidad sigue siendo el principal factor que incentiva estos delitos”.
Finalizaron diciendo que en lo que va de siglo, “ni un solo caso de periodista asesinado o desaparecido ha derivado en la detención y condena tanto de los autores intelectuales como de los materiales”.El representante del CPJ en México, Jan-Albert Hootsen señaló que “si bien la gravedad y el ritmo de la violencia registrada este año contra la prensa resultan impactantes e indignantes, las autoridades mexicanas distan mucho de estar atadas de manos para frenar los asesinatos. Tienen la oportunidad de prevenir nuevos actos de violencia, proteger a los comunicadores y comprometerse de lleno a garantizar la libertad de prensa”.