El secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Vidulfo Rosales Sierra, opinó que la causa penal que inició la FGEG “se sostiene con alfileres»
Texto Jesús Saavedra
Chilpancingo, 24 de julio de 2026.- El secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Vidulfo Rosales Sierra,afirmó que Jesús Plácido Galindo es un “preso político, es un indígena silenciado”.
Este jueves por la noche el juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Ubaldo de la Sancha vinculó a proceso al promotor del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo. A Plácido Galindo la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGEG) lo acusa de haber cometido homicidio calificado del comisario de Xicotlán, José Pablo Xotenco Bartolo ocurrido el 30 de octubre del 2021; el promotor del Cipog-EZ fue detenido la semana pasada y se encuentra preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México.
Este viernes el funcionario de la SCJN dio su opinión sobre el caso y recordó que en el 2000 conoció a Cirino y Bruno Plácido Valerio, dirigentes y fundadores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC). Describió a Cirino Plácido Valerio como un “hombre de ideas (que) reivindicaba la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas. El otro más pragmático (Bruno), proclive a la acción, pero muy lúcido y acertado en sus análisis. Recién egresado de la Universidad era una verdadera escuela oír sus disertaciones en las asambleas”.
Rosales Sierra recordó que de esa familia proviene el dirigente del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo, “aunque Cirino (su padre) trató de mantener al margen a su hijo por convicción propia se involucró en la lucha de los pueblos”. Aseveró que Jesús Plácido Galindo, “con su escaso español y sin recursos económicos abrazó la lucha en defensa del territorio de los pueblos de Chilapa que sufrían agresiones constantes de un conocido grupo criminal” y que lo han denunciado en varias ocasiones “Los Ardillos”.
Resaltó que Plácido Galindo “denunció que más de 10 municipios son gobernados por este grupo delictivo (Los Ardillos). Se convirtió en una voz incómoda para el gobierno, por eso a la vieja usanza, propio de los gobiernos rancios del PRI fabricaron un expediente y le imputaron un homicidio”.
El abogado de la SCJN aseveró que la causa penal que inició la FGEG “se sostiene con alfileres, ninguna prueba científica o técnica lo sustenta, solo dos testimonios. El de un compañero de Jesús y la hija de la víctima, éste último rendido (el testimonio) cinco años después de los hechos. El otro testigo fue asesinado hace años”.Vidulfo Rosales afirmó que en la indagatoria, los abogados de Jesús Plácido Galindo tienen la “sólida presunción de que la firma del testigo haya sido falsificada, es decir, que su testimonio haya sido elaborado después de muerto”.
Y concluyó que a Jesús Plácido Galindo “lo silenciaron, es un preso político; es un indígena que por alzar la voz está en un penal de máxima seguridad, mientras los cabecillas del grupo delictivo que agrede a su pueblo se pasean ante la mirada del gobierno”.