El comité acudió a una reunión con Arturo Medina, de la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia, donde había 3 padres expulsados por marchar a favor del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca
Texto Jesús Saavedra
Chilpancingo, 11 de enero de 2024.- El comité de madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en septiembre del 2014 acusó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de un intento “burdo” de dividirlos y distraer la atención para que no se pueda seguir exigiendo el acceso a 800 folios del Ejército para saber el paradero de sus hijos y lo que sucedió.
En la mañana de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no existen esos documentos y que se invitaba a los padres a visitar instalaciones militares y buscar esos documentos.
El pasado 29 de diciembre el presidente de la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj), Arturo Medina Padilla, envió una carta a los familiares de los normalistas desaparecidos donde les informó la disposición del gobierno federal de abrir los archivos que tenga el gobierno del caso Ayotzinapa para revisión durante los próximos dos meses.
El 3 de enero, respondieron a Medina Padilla que necesitan tener acceso a unos 800 folios identificados del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) que el Ejército mantenía en operación en Iguala en septiembre del 2014.
Este jueves el comité acudió a una reunión con Arturo Medina y se molestaron cuando se encontraron en ese lugar a tres padres de estudiantes desaparecidos que fueron expulsados el año pasado porque acudieron a una marcha en Iguala para pedir la liberación del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, a invitación del empresario Pedro Segura.
La mamá de un estudiante desaparecido, Cristina Bautista,consideró que López Obrador “debe cumplir su palabra de esclarecer el caso, queda poco de su mandato y esperamos resultados; hoy teníamos reunión y estaba presente otro grupo presente de padres”.
Denunció que es la misma estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto, “nos quieren confrontar entre compañeros padres, quieren que peleemos y no es posible que nos junten con ellos, por eso decidimos levantarnos y le pedimos al subsecretario que los atienda aparte”.
Mario González aseveró que el gobierno de López Obrador “no cambia nada” comparado con el del priista Enrique Peña Nieto; “ha querido dividirnos atacando a los abogados, a la ONU, CIDH, es lo mismo que el gobierno anterior, quieren que nos confrontemos entre padres al reunirse con otro pequeño grupo de padres quienes asistieron a una marcha por la liberación de José Luis Abarca”.
Afirmó que la administración de López Obrador “es un gobierno tramposo y sin escrúpulos, tienen la información en los 800 folios y no es necedad, no es terquedad, es una exigencia para saber la verdad, es una manera vil el accionar de la Secretaría de Gobernación y por eso nos levantamos de la primera reunión de la Covaj”.
Don Clemente Rodríguez dijo que en el Comité “estamos fatigados de tantas mentiras, el otro gobierno no quería dar información y éste también, pedimos acceso a 800 folios y ahora dicen que nos manipulan. Nosotros tenemos claro que el Ejército lleva el control del país y no el presidente a quien le exigimos que asuma sus compromisos, que nos de la cara”.
El abogado, Vidulfo Rosales Sierra recordó que desde el año pasado solicitaron información concreta “que viene de un proceso de investigación del caso, son 800 folios del Ejército, de intervenciones telefónicas el presidente públicamente dice una cosa y en las reuniones de la Covaj se ha aceptado que existen esos folios”.
Indicó que están “exigiendo que se ponga a disposición y que pueda revisarla el GIEI, CIDH, ONU, el presidente y el ejército se niegan a entregarlo y niegan su existencia; ahora lo que hace es abrir una campaña de descalificación GIEI, CIDH, inventando enemigos externos como gobiernos anteriores y abogados que asesoramos, los padres eligieron a sus abogados y el presidente no puede escoger qué abogados deben de asesorarlos”.
Lamentó que el gobierno federal recurra “a un grupo pequeño de dos o tres padres de familia que fueron expulsados porque justamente han obstaculizado las investigaciones, marcharon para liberar a José Luis Abarca y el Comité decidió en asamblea separarlos porque están del lado de los responsables demandaron una reunión directa con el presidente, Andrés Manuel López Obrador”.
El director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro”, Santiago Aguirre, lamentó que a pocos meses de que se concluya el sexenio de López Obrador se esté recurriendo a “marrullerías” y que insistirán en un diálogo directo con el presidente. (Fotografía archivo)