Texto: Jesús Saavedra

Fotografía: Archivo

Chilpancingo, Gro., 11 de septiembre de 2022.- Representantes de familias desplazadas por la violencia en Guerrero, manifestaron que esperan que las autoridades federales y estatales, los diputados locales, diputados federales y senadores cumplan los compromisos que asumieron ante la relatora de la ONU sobre Desplazamiento Interno, Cecilia Jiménez-Damary.

En Guerrero, Jiménez-Damary estuvo dos días de la semana pasada y donde atendió a familias desplazadas de la Montaña, Costa Grande, Acapulco, Tierra Caliente, a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Periodistas Desplazados.

La directora del Centro Morelos, Teodomira Rosales Sierra recordó que las familias hicieron hincapié ante la relatora de la necesidad que tienen las víctimas del acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación del daño y garantías de no repetición y la restitución de los bienes, vivienda y tierras y enjuiciamiento de los perpetradores.

Señaló que Cecilia Jiménez-Damary puso especial énfasis en los niños desplazados, “ser niño o niña y desplazada interna supone una doble vulnerabilidad, el rompimiento de las estructuras familiares y comunitarias las ponen en un mayor riesgo de sufrir diversas formas de explotación, abuso y abandono”.

Rosales Sierra recordó que el gobierno federal y la Cámara Federal de diputados y senadores han promovido la Ley General Para Prevenir y Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, lo cual ha sido aprobado.

Y aseveró que es “clave que se adopte lo antes posible y refleje los estándares del derecho internacional de los Derechos Humanos, es recomendable que la Ley especifica tenga una clara distribución de competencias de acuerdo con las diversas fases del desplazamiento, así como mecanismo de coordinación entre los tres niveles de gobierno así como de los organismos Constitucionales autónomos, igualmente las personas desplazadas internas y organizaciones de la Sociedad civil, deben estar debidamente consultadas en todas las decisiones que les afecten”.

Agregó que la visita de Cecilia Jiménez-Damary, “renueva las esperanzas de las familias; unas por tener el reconocimiento como víctimas y finalmente que todas las familias puedan obtener la reubicación, reparación del daño y justicia”.

Afirmó que las familias desplazadas esperan “que el gobierno federal y estatal, las autoridades, así como los senadores y diputados locales, hagan honor en los hechos, a la buena voluntad y los compromisos manifestados a la relatora, pues hay que tomar en cuenta que hizo la recomendación de prestar atención a la prevención del desplazamiento y a la generación de soluciones duraderas para las personas desplazadas internamente, así como también mostro sus dudas respecto a la aplicación de la reforma al Código Penal del estado donde ya se tipifica el desplazamiento forzado interno como delito”.

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