Texto: Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro., 18 de agosto de 2022.- Los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa fueron asesinados y desaparecidos la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, “es un crimen de estado, todas las autoridades estuvieron informadas de los hechos de persecución y violencia contra los normalistas, las omisiones en que incurrieron esas autoridades acreditan un nivel de responsabilidad por acción, omisión o negligencia”, aseveró el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.
Este jueves se reunieron los padres de los 43 muchachos desaparecidos en septiembre del 2014 con el presidente, Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, donde Encinas Rodríguez presentó un informe preliminar a los padres de esos muchachos.
Al finalizar el subsecretario de Gobernación en materia de Derechos Humanos y presidente de la Comisión para la Verdad y la Justicia por el caso Ayotzinapa, dio una conferencia de prensa y lacónico expresó que “fue una reunión difícil y dolorosa” al informarles a los padres que sus hijos fueron asesinados y desaparecidos la misma noche del 26 de septiembre y reveló que después de las 10 de la noche se dio la orden de “asesinarlos y desaparecerlos”.
La hipótesis que tiene esta Comisión, es que los normalistas acudieron a la Central de Autobuses y se llevaron un autobús que llevaba “mercancía” que se entiende era droga o dinero, ese autobús se lo llevaban unos normalistas y fue interceptado en el bulevar hacia Chilpancingo, cerca de Palacio de Justicia, ahí fueron bajados unos normalistas y esa unidad salió hacia Morelos, “ya recuperamos la mercancía”, indicaron en mensajes y llamadas telefónicas.
En la conferencia de prensa, el funcionario dijo que tienen un “compromiso político, moral, ético de nuestra responsabilidad de la función pública el saber la verdad, de conocer el paradero de los estudiantes, de saber quiénes fueron responsables, siempre les vamos a decir la verdad por dolorosa que ésta sea”.
Y reveló que esa información fue presentada a la Fiscalía General de la República (FGR), para judicializar esa información “debemos garantizar el derecho a la verdad que tienen los padres de los muchachos, a la sociedad mexicana, garantizando transparencia y acceso a la información, la investigación va a continuar hasta saber dónde están los muchachos y se castiguen a los responsables”.
Explicó que en materia de acopio y análisis de información han procesado 41 mil 168 documentos, “la mayoría están sistematizados, 17 mil documentos los proporcionó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el gobierno de Guerrero, la Fiscalía General del Estado, tenemos acceso pleno al expediente de la PGR, hay testimonios de sobrevivientes, hay análisis de llamadas telefónicas, de mensajes de personajes clave”.
Alejandro Encinas dijo que el gobierno de Estados Unidos proporcionó 100 horas de video y de llamadas telefónicas que intervinieron de líderes del cartel Guerreros Unidos de Iguala y señaló que se ha “podido acreditar actos de tortura para obtener confesiones de la mal llamada ‘verdad histórica’, tenemos acceso a intervenciones de comunicaciones de la Policía Federal Preventiva división de Inteligencia son 17 mil horas, se les dio seguimiento a 100 sujetos de hechos posteriores a la desaparición”.
Reveló además que la Sedena y la Marina entregaron 9 mil documentos adicionales “todos los cuales digitalizados y entregados a FGR, a la Unidad especializada para este caso y pedimos que esa información se incorpore a la carpeta de investigación”.
Informó que de enero del 2019 a la fecha se han realizado 101 acciones de búsqueda de los estudiantes “han representado 675 jornadas de trabajo en la Sierra de Guerrero, en la zona de Iguala donde tenemos 17 hallazgos, 27 cuerpos recuperados, 32 indicios balísticos y numerosos restos óseos, son más de mil restos óseos los que hemos recuperado”.
Indicó que 32 restos óseos, “por sus condiciones favorables fueron remitidos a Insbruck, Austria, los cuales han podido confirmar científicamente en 99.99 por ciento la identidad de 3 estudiantes y lo cual es público, se han enviado más restos, pero no se ha encontrado material genético suficiente para lograr su identificación, se buscará otro sistema de identificación para confirmar cuando menos el grupo familiar”.
Detalló que del 2014 al 2020 se hicieron análisis de todos los cuerpos encontrados, “son 245 cuerpos que colectivos de madres buscadoras realizaron después de los hechos y tratar de identificar si dentro de esos cuerpos está uno de los estudiantes desaparecidos, 191 perfiles genéticos que ha permitido identificar a 30 personas, 16 se han entregado a familiares, no existió coincidencia con los 43 estudiantes desaparecidos”.
Dio a conocer que se han obtenido 115 testimonios voluntarios con personas vinculadas con el caso, “3 son perpetradores, 4 personas más que fueron puestas en libertad, 15 que siguen privados de su libertad, hay testimonios de 23 estudiantes, 11 ex funcionarios y 59 testigos, lamentablemente en este proceso han sido ejecutados 26 personas; 14 son personas de Guerreros Unidos, 3 familiares de personas vinculadas a Guerreros Unidos, 2 personas del cartel Gente Nueva, 7 testigos o involucrados e incluido Mario Casarrubias Salgado quien encabezaba Guerreros Unidos y había colaborado hasta que falleció”.
Informó que continúan con el proceso de extradición del ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio con quien se reunieron el 16 y 17 de febrero de este año en Tel Aviv “se ofreció el criterio de oportunidad que no aceptó, esperamos pronto avance un acuerdo de colaboración y se allane a la legislación mexicana para encarar los delitos que se le acusa y en caso de colaboración eficaz tener algún beneficio de la ley”.
Se llevaron camión con droga o dinero por eso los desaparecieron
Alejandro Encinas Rodríguez dio a conocer el contexto y la hipótesis de la desaparición de los 43 normalistas, “fue una desaparición en un proceso de tensión y disputa entre carteles delictivos en Guerrero, a la fecha no hay grupo delictivo dominante, hay procesos de recomposición e Iguala punto estratégico para trasiego de droga”.
Señaló que en esa época había una disputa entre Guerreros Unidos y Los Rojos, “el 10 de julio de ese año hubo decomiso de droga en la carretera a Puebla, ese día se decomisaron 107 kilos de heroína pura que venía de Iguala y de los cuales los policías solo entregaron 24 kilos y a la fecha no ha sido esclarecido este hecho”.
Explicó que los normalistas de Ayozinapa fueron elegidos por el Comité de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas Unidos de México (Fecsum), determinó que esa normal fuera la sede y salida de las 16 normales rurales para salir a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México y que por ello estuvieron reteniendo camiones y como en Chilpancingo se los impidieron y tuvieron que irse abundó que en Iguala “existía el antecedente de confrontación con los normalistas de Ayotzinapa, porque meses antes tomaron el ayuntamiento por la desaparición de Arturo Hernández Cardona hubo amenazas directas del presidente municipal y de Guerreros Unidos a la presencia de estudiantes en ese municipio”.
Sostuvo que el gobierno del estado, el gobierno federal, el gobierno municipal y el Ejército, “estuvieron monitoreando movilización de los estudiantes, incluso la Sedena tenía dentro de la normal al soldado Julio Cesar López Patolzin quien realizaba informes dentro de la normal, de lo que acontecía en las asambleas, en las movilizaciones y los actos preparatorios de la marcha del 2 de octubre”.
Indicó que su jefe de López Patolzin era el militar, Marcos Macías Barbosa del 27 Batallón de Infantería de Iguala, “su último reporte fue a las 10 de la mañana de ese día (26 de septiembre), desapareció sin que sus mandos realizaran una acción para garantizar su integridad y búsqueda, de haberse aplicado el protocolo hubiese protegido al soldado y a los 42 los estudiantes”.
Encinas Rodríguez aseveró que “todas las autoridades de los tres niveles de gobierno estuvieron informadas de los hechos de persecución y violencia contra los normalistas, las omisiones en que incurrieron esas autoridades acreditan un nivel de responsabilidad por acción, omisión o negligencia, se hubiese impedido la desaparición y asesinato de los estudiantes si las autoridades hubiesen intervenido y no lo hicieron”.
Explicó que su hipótesis se reconstruyó a partir del análisis y procesamiento de una red de llamadas y mensajes telefónicos de 87 millones de registros que constan en expedientes, “nos permitó depurar 84 mil registros, ubicamos 17 mil números diferentes que estuvieron participando, hemos ya demostrado que la red de vínculos que se estableció Guerreros Unidos y autoridades de distintos órdenes de gobierno”.
Señaló que ello “muestra con toda claridad cómo fueron operando en el proceso de persecución, captura y desaparición de los muchachos, hemos podido reconstruir 27 conversaciones de 5 números distintos, son 36 actores, hemos entregado esa información a FGR para valorar la veracidad de esos datos y nos abre nuevas líneas de investigación, buscamos romper el pacto de silencio”.
Dijo que toda la narrativa de los hechos desde la salida de los estudiantes de su escuela en Tixtla, su viaje a Chilpancingo, a Iguala, en la Central de Autobuses y el inicio los actos de violencia y desaparición, “se acredita plenamente la colusión e intervención de autoridades de distintos órdenes de gobierno con policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco y Tepecuacuilco, Guerreros Unidos para llevar a cabo la desaparición de los muchachos”.
Desacreditó la hipótesis de la ‘verdad histórica’ que presentó el gobierno de Enrique Peña Nieto, “eso la definimos como resultado de una acción concertada del aparato del poder para ocultar la verdad y manipular los hechos desde el más alto nivel del gobierno”.
Señaló que las conclusiones preliminares establecen que “la desaparición de los 43 estudiantes en 2014 constituyó un crimen de estado en el que concurrieron integrantes de Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del estado; autoridades federales, estatales y municipales fueron omisas y negligentes, alteraron hechos y circunstancias para establecer una verdad ajena a los hechos”.
Sostuvo que “en todo momento las autoridades tuvieron conocimiento de la movilización de los normalistas, hasta su desaparición, sus acciones u omisiones y su participación permitieron la desaparición y ejecución de los 43 estudiantes y los homicidios de otras 6 personas”.
Aseveró que los normalistas “no iban a boicotear el acto de la presidenta del DIF municipal”.
Reveló que Guerreros Unidos cometió esa desaparición y asesinato de los 43 normalistas desde un “mando central y 3 células de halcones, sicarios, policías y agentes del estado; nunca hubo comunicación entre Guerreros Unidos y los normalistas”.
Señaló además que “en ningún momento los 43 estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición y asesinato, se confirma la intervención de la policía de Iguala y de Huitzxuco en el aseguramiento del autobús 1531”.
Después de que fueron interceptados un grupo de normalistas en el libramiento a Chilpancingo, cerca de Palacio de Justicia ese autobús libró los 16 retenes que habían instalado los sicarios de Guerreros Unidos en Iguala y se fue hacia el estado de Morelos “hay datos e informes corroborados que ese camión se fue a Morelos, inclusive mensajes y llamadas estableciendo que se había recuperado la mercancía, que puede ser droga o dinero”.
Explicó que después de las 10 de la noche del 26 de septiembre del 2014 el mando central de Guerreros Unidos dio la orden “de desaparecer a los estudiantes, no hay indicio que los estudiantes se encuentran con vida, fueron arteramente asesinados y desaparecidos”.
Encinas Rodríguez manifestó que tienen como objetivo buscar restos de los 43 muchachos en la rivera del rio Balsas, en la laguna Atzcala, en la barranca de Tonaoalapa, municipio de Tepecuacuilco, en la brecha de Lobos y Tepechuaje en Iguala.
Agregó que “hay elementos suficientes para que la FGR inicie o continúe indagatorias para el deslinde de responsabilidades contra 33 personas” en donde no descartó que se encuentre el ex gobernador, Ángel Aguirre Rivero.
Acusó que “desde el más alto nivel del gobierno se ocultó los vínculos de autoridades y las fuerzas de Seguridad con Guerreros Unidos, esta desaparición y asesinato de los 43 muchachos se trató de un crimen de estado, la investigación continúa, la búsqueda continua, todos los responsables deberán ser castigados”.
Añadió que el informe y anexos de este caso serán de carácter público, “estamos abiertos al escrutinio público nuestro trabajo y busca propiciar que personas que cuenten con información la aporten en beneficio del esclarecimiento de esos deleznables hechos”.