Texto y fotografías: Juan Blanco

Chilpancingo, Gro., 16 de noviembre de 2021.- Acompañados por diversas organizaciones sociales, trabajadores operativos de la Secretaría de Protección Civil de Guerrero marcharon en esta capital para exigir su toma de nota con la que quedaría oficialmente constituido su sindicato para tener acceso a «justicia laboral».

Alrededor de las 10:50 de la mañana, unos 60 empleados salieron de la alameda Granados Maldonado y se dirigieron al Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) que se encuentra al interior del edificio Vicente Guerrero, en la avenida Presidente Juárez, en el centro de la ciudad.

Durante su trayecto, los manifestantes gritaron consignas y portaron pancartas y lonas que decían: «Por el respeto a nuestros derechos sindicales EXIGIMOS nuestro magisterio sindical»;»La APPG apoya a los trabajadores de Protección Civil del Estado. ¡Registro, ya!».

Entrevistado en el lugar, Ángel Martínez Reyes, uno de los inconformes, dijo que desde hace cinco años han buscado en el TCA su reconocimiento como sindicato, pero que la presidenta de este órgano, Miriam Cortez Cisneros, se los ha negado en varias ocasiones bajo las supuestas órdenes del entonces secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame.

Dijo que han ganado al menos tres amparos contra la resolución del Tribunal, pero que no se los respetaron, y que en su momento Salazar Adame les dijo que en ningún estado de la República Mexicana existe un Sindicato de Trabajadores de Protección Civil, por lo tanto en Guerrero era inconstitucional registrar alguno.

Sin embargo, Martínez Reyes resaltó que al ex funcionario le demostraron lo contrario trayéndole una copia de la toma de nota de un sindicato en el estado de Jalisco, pero que aún así ordenó al TCA no entregárselas.

Dijo que este sindicato beneficiaría en un primer momento a unos 60 trabajadores de la Secretaría de Protección Civil Guerrero, pero después agremiaría a un total de 300 de todo el estado.

Lo anterior, resaltó, les daría «justicia laboral», es decir, conseguirían prestaciones económicas que por ley les corresponde, tendrían incremento salarial y otros beneficios laborales.

Después de la marcha, una comisión fue recibida por autoridades del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y hasta las 11:50 de la mañana continuaban dialogando, pero advirtieron que si no obtenían una respuesta favorable estarían iniciando un plantón en el lugar.

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