Texto: Bernardo Torres Morales

Chilpancingo, Gro., 14 de noviembre de 2021.- Colectivos y organizaciones sociales enviaron un documento al Congreso del Estado para proponer como Fiscal General del Estado al abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan como Fiscal General del Estado, que está próximo a elegirse.

Los firmantes del documento son luchadores sociales por
los derechos a la alimentación, vivienda, educación, la tierra, territorio, agua y medio ambiente, por la verdad y la justicia para asesinados y desaparecidos.

Manifestaron que durante décadas han padecido la criminalización, mientras los órganos de procuración de justicia se han usado de manera facciosa para colocarlos fuera de la legalidad, implementando acciones penales para perseguir y encarcelar a activistas.

«Hemos sufrido en carne propias la falta de acceso a la justicia por los casos de nuestros familiares asesinados y desaparecidos. Las investigaciones se han dilatado, adolecen de irregularidades y en la mayoría de los casos existe impunidad», acusaron.

Enumeraron crímenes como el de Raúl Lucas Lucía, Manuel Ponce Rosas, Armando Chavarría Barrera, Miguel Ángel y Rocío Messino, Gabriel Echeverría de Jesús, Jorge Alexis Herrera Pino, Arturo Hernández Cardona, Luis Olivares, Ranferi Hernández Acevedo y las desapariciones de Gregorio Alfonso Alvarado, Eva Alarcón, Marcial Bautista, los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Arnulfo Cerón y Vicente Iván Suástegui que permanecen sin esclarecerse.

«Indígenas y campesinos, nos tratan con desprecio cuando ocurrimos a los órganos de procuración de justicia, esperamos largas horas y no somos atendidos en nuestros reclamos. Los comerciantes sufrimos los estragos de la violencia de grupos criminales que nos extorsionan y amenazan a plena luz del día sin que los órganos de justicia hagan algo, pese a las denuncias que interponemos», señalaron.

También se dijeron preocupados por la violencia generada por el crimen organizado en connivencia con autoridades que está ocasionando miles de muertos y desaparecidos, casos que no están siendo investigados de manera pronta e imparcial.

«Atento a lo anterior proponemos para Fiscal General al Licenciado Vidulfo Rosales Sierra persona de probada honestidad, con conocimientos amplios en materia penal y derechos humanos, con una trayectoria de 20 años de litigio en la defensa de luchadores sociales criminalizados, asesinados y desaparecidos, persona con una mística de servir a la gente, comprometido con el cumplimiento de las leyes a favor de los de abajo y con el acceso a la justicia para los que menos tienen», fue la propuesta.

Destacaron que Vidulfo Rosales ha mostrado temple para luchar contra los poderosos representando en los tribunales a las víctimas de abajo. A contracorriente ha obteniendo importantes victorias para los pobres, como los juicios ganados en la presa la Parota, la libertad de presos políticos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), de la Organización del Pueblo Indígena Me’pháá (OPIM), con su representación se logró que las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega obtuviesen justicia, y que el caso del defensor Arnulfo Cerón presente importantes avances.

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