Texto: Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro. 07 de octubre de 2021.- Abogados que dan asesoría a comunidades del Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), informaron que ante la “negligencia” de autoridades de los tres niveles de gobierno para atender sus denuncias de asesinatos y desplazamientos forzados, han decidido recurrir a la justicia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para denunciar al gobierno de México.
Este jueves el colectivo de abogados “Abajo los muros de las prisiones”, dio a conocer lo anterior a través de un comunicado en donde explicaron que como asistentes jurídicos del CIPOG-EZ han documentado a “víctimas de 44 asesinatos, desplazamientos forzados de comunidades y de diversos delitos de lesa humanidad por parte de los grupos delincuenciales que opera en todo el estado de Guerrero”.
Y que a pesar de eso, “ningún gobierno sea federal, estatal o municipal escucha nuestros reclamos, todos nos ignoran, a nadie le importa las necesidades de las comunidades de la montaña baja, desprecio por el solo hecho de ser indígenas nahuas”.
Informaron que han iniciado “luchas paralelas en lo político y lo jurídico, para lo cual acudimos ante el gobierno
de Guerrero de Héctor Astudillo Flores el cual solo se burló de nuestras peticiones dejando en el olvido el derecho a ser escuchados”.
Y que también acudieron solicitar la intervención de la entonces secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, “nunca recibimos respuesta; el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas se burla de nosotros al firmar tres minutas con acuerdos
que nunca ha cumplido, motivo por el cual interpusimos un amparo debido a su omisión por incumplimiento, radicado en el Juzgado Segundo de Distrito”.
Y que también han pedido la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde interpusieron una
denuncia por violaciones a los derechos de los pueblos indígenas “al día de hoy no
ha dado respuesta alguna su silencio la hace cómplice de los gobiernos al no obligar a las Instituciones para cumplir nuestras legítimas demandas”.
Indicaron que ante esas desatenciones a sus demandas, “nos cierran todos los caminos legales, ya agotamos su
legalidad sin tener respuesta alguna, no hemos recibido información
de nuestra justa y legal petición motivo por el cual decimos protestar por su pasividad en la defensa de las garantías constitucionales, como abogados solidarios de las comunidades
menos favorecidas y más denigradas decidimos agotar las
instancias legales dentro del derecho interno del cual no se ha
recibido respuesta alguna”.
Y por lo tanto decidieron “acudir a las
Instancias Internacionales la ONU, CIDH, para exigir al Estado
Mexicano el cumplimiento de nuestras legítimas demandas, que el
mundo sepa cómo se imparte la Justicia en este país llamado México”.