Texto y Fotografía: Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro. 13 de septiembre de 2021.- Periodistas de Guerrero exigieron al presidente, Andrés Manuel López Obrador y al gobernador, Héctor Astudillo Flores un alto al hostigamiento, amenazas, homicidios y desplazamiento forzado por la violencia en el estado y se garantice plenamente el ejercicio de la libertad de expresión.
Este lunes en la ceremonia de la entrega de la Presea Popular «Sentimientos de la Nación» que organiza la dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero y que entregaron al periodista, Sergio Ocampo Arista se dio lectura a una postura pública de reporteros y dirigida a López Obrador y Astudillo Flores: también al Fiscal, Jorge Zuriel de los Santos Barrila y al secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca.
En el escrito denunciaron que a menos de un mes de que Héctor Astudillo Flores concluya su mandato como gobernador de Guerrero y en estos tres primeros años como presidente de México de Andrés Manuel López Obrador, «las y los periodistas de Guerrero elevamos la voz para denunciar los ataques contra la libertad de expresión y el ejercicio de nuestra profesión. Muchas de estas agresiones son cometidas por las autoridades pero, también, en complicidad con las organizaciones delictivas que desde hace años han sembrado el terror en varias zonas de Guerrero».
Indicaron que en el sexenio por concluir en Guerrero han sido asesinados ocho periodistas: Francisco Pacheco Beltrán, Cecilio Pineda Birto, Víctor Fernández Álvarez Chávez, Pamela Montenegro, Gabriel Soriano, Edgar Alberto Nava López, Erick Castillo Sánchez Kuri y Pablo Morrugares, «y decenas de ataques contra otros comunicadores que han quedado en la impunidad. La inacción del Estado para garantizar la seguridad para que las y los periodistas ejerzan su labor, ha provocado que regiones como la Tierra Caliente, la Sierra, y municipios como Chilapa, Iguala y Acapulco se hayan convertido en zonas de silencio».
Pusieron como ejemplo que Chilapa «se convirtió en un municipio donde los medios de comunicación han ido desapareciendo, donde apenas son dos los reporteros, con mucho cuidado y precaución, informan de lo que ahí sucede. Desde hace un par de años no llega ningún periódico ni revista por presión de los criminales. En la Tierra Caliente se vive una situación similar, donde los criminales impusieron su ley a todos, no sólo a reporteros sino al comercio, a la clase política, a transporte sin que ninguna autoridad se los impida».
Subrayaron que hay lugares donde ciudadanos y periodistas «no pueden ejercer su libertad de expresión porque sus voces son acalladas por servidores públicos (alcaldes, delegados, policías y militares) y por la delincuencia».
Denunciaron que a finales de agosto pasado «integrantes de una organización criminal que opera en la región de la Tierra Caliente exigió a los directivos del periódico El Sur que se abstengan de enviar a sus reporteros a esa zona para dar cobertura de la situación de violencia que desde hace meses prevalece ahí y que ha derivado en que diez mil personas hayan sido expulsadas de sus comunidades por los delincuentes. A esas localidades de Tierra Caliente también han acudido periodistas de medios nacionales e internacionales para realizar su trabajo informativo. O sea, la amenaza es contra todo reportero que regrese a esa zona de silencio. Es evidente que esta organización delictiva puede amenazar a la prensa porque goza de la protección de las autoridades de los tres niveles de gobierno».
E indicaron que «la autoridad del más alto nivel sabe perfectamente el modus operandi de estas agrupaciones pero no hace nada para detenerlas y que paguen con cárcel por las atrocidades que cometen contra la ciudadanía. Los que integramos este medio periodístico siempre hemos sido respetuosos de las instituciones cuando se trata de solicitar un diálogo con la autoridad para que escuchen y resuelvan nuestras demandas. Pero en ese intento de acercamiento cordial por parte de nosotros casi siempre choca con la prepotencia y soberbia de la autoridad».
Y recordaron que el pasado 16 de julio durante la visita oficial del presidente Andrés Manuel López Obrador a Chilpancingo, «periodistas le solicitaron que bajara el vidrio de la puerta de la camioneta en que viajaba para entregarle un documento. En ese escrito se le pedía su intervención para que un grupo de siete reporteros de Iguala que fueron desplazados desde el 2020 por las amenazas de integrantes de una agrupación delictiva se les garantice el retorno a su ciudad y el derecho a su libertad de prensa. Sin embargo, el presidente no vio ni escuchó a los periodistas, todo lo contrario, fueron reprimidos por sus escoltas».
Informaron que uno de esos periodistas desplazados de Iguala, Jonathan Cuevas, realizó la semana pasada una protesta en la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México «para denunciar que un funcionario del ayuntamiento de Iguala ofreció un pago de 25 mil pesos a un grupo de pistoleros para asesinarlo por órdenes del alcalde, el morenista Antonio Salvador Jaimes Herrera; como gremio exigimos que los gobiernos federal y estatal investiguen esta denuncia del reportero Jonathan Cuevas, de lo contrario serán responsables si algo le sucede a nuestro compañero».
En ese sentido, dijeron que ante las constantes agresiones en contra de los comunicadores en Guerrero, el gobierno estatal creó en octubre de 2017 la Unidad Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para garantizar y operar las medidas de prevención, preventivas, protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad para este sector social, «en la que parece ser un elefante blanco porque no ha dado seguimiento a los ataques y asesinatos de los compañeros del gremio periodístico.
La supuesta intervención de este órgano fue el 4 de noviembre del año pasado, que creó el Grupo de Reacción Inmediata (GRI) integrada por autoridades de los tres niveles de gobierno, luego que periodistas y reporteros de Iguala emitieron ese mes una alerta por ser amenazados por integrantes de la delincuencia organizada a través de llamadas y mensajes a WhatsApp, por acudir a coberturas y publicar distintos hechos de violencia, y los obligó huir de su lugar de origen, que a la fecha no hay avances de la denuncia de los compañeros».
Y agregaron que en ese contexto «de las violaciones a los derechos humanos que enfrentamos, no se puede dejar de lado la violencia laboral que ejercen algunas empresas periodísticas contra sus reporteros: la mayoría no cuenta con un salario fijo, menos con alguna prestación social como servicio médico o crédito de vivienda. La mayoría no está contratado, cobra por nota publicada y, en algunos casos, puede llegar a los 50 pesos.
Un caso reciente es el del periódico La Jornada Guerrero, cuyos propietarios son el senador Félix Salgado Macedonio y su hija, la gobernadora electa, Evelyn Salgado Pineda. Desaparecieron este medio sin que a los trabajadores les paguen sus salarios o bien les otorguen su indemnización como lo establece la Ley Federal del Trabajo en caso de que sean despedidos. Con esto Evelyn Salgado Pineda y su papá Félix Salgado han dado una muestra de lo que pueden hacer con el poder».
En ese sentido exigieron «al gobierno que detenga las agresiones contra los periodistas de Guerrero y garantice la libertad de prensa. Exigimos el esclarecimiento de los asesinatos de los periodistas guerrerenses. Los ocho homicidios ocurrieron durante el actual gobierno de Héctor Astudillo Flores y todos permanecen en la impunidad».
Responsabilizaron «de lo que pueda suceder a nuestras familias al presidente Andrés Manuel López Obrador; al gobernador Héctor Astudillo Flores; al secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca; al Director de la Policía Ministerial, Esteban Maldonado; al Fiscal del Estado, Jorge Zuriel de los Santos. Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno», agregaron.