Texto: Jesús Saavedra

Chilpancingo, Gro. 20 de noviembre de 2020.- Un Juzgado Federal de Toluca, Estado de México dictó un auto de formal prisión al capitán dictó auto de formal prisión contra el capitán, José Martínez Crespo por los delitos de «delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud», a este militar quien se presume estuvo involucrado en la desaparición de los 43 normalistas en Iguala.

Los padres de familia de esos muchachos desaparecidos habían advertido el pasado lunes que Martínez Crespo se habría entregado a las autoridades castrenses, luego de haber pactado un acuerdo para ser detenido y pasar su proceso en libertad, lo cual no sucedió.

El Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales con sede en Toluca determinó que la Fiscalía General de la República (FGR), acreditó elementos suficientes para poder proceder penalmente contra el militar, José Martínez Crespo por los delitos antes mencionados.

Martínez Crespo se entregó de manera voluntaria el pasado 11 de noviembre y se encuentra en prisión en el Campo Milutar 1-A de la Ciudad de México en donde le fue notificada esta decisión judicial por el delito de delincuencia organizada, situación que no comparten los padres de los 43 y exigen que sea procesado penalmente por el delito de desaparición forzada.

La noche del 26 de septiembre del 2014, José Martínez Crespo estuvo presente en el C-4 donde se reportaba en vivo lo que estaba sucediendo con policías municipales que arremetieron contra los normalistas y posteriormente también sicarios de Guerreros Unidos (GU).

El capitán del Ejército también acudió a la delegación de Barandilla donde estaban detenidos varios normalistas, que después fueron entregados a policías municipales de Iguala y de Huitzuco, quienes también están desaparecidos desde aquella fecha.

Además se tiene documentado que el capitán del Ejército acudió esa noche a la Clínica Cristina donde acudieron varios normalistas heridos, entre ellos un muchacho al que le destrozaron el maxilar de un balazo y José Martínez Crespo les habría pedido una identificación oficial ese día o su nombre verdadero, «si no me dicen su nombre verdadero es la última vez que los van a ver», les habría dicho insistentemente en un tono amenazante.

Sobre este auto de formal prisión, las organizaciones Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez», Fundar Centro de Análisis e Investigación, Servicios y Asesoría Para la Paz (Serapaz) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan», que acompañan con asistencia jurídica a los padres fijaron una postura breve.

Afirmaron que esa decisión judicial «es un paso relevante hacia la rendición de cuentas de las autoridades estatales y federales -y no sólo municipales implicadas en la red criminal relacionada con la desaparición de los 43 normalistas».

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