Texto: Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro. 15 de noviembre de 2020.- La Oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), consideró que sólo el «trabajo conjunto» entre autoridades puede contribuir a que haya verdad y justicia para las familias de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala en septiembre del 2014.
Lo anterior, luego que el viernes se dio a conocer que se detuvo y se consignó al capitán del Ejército, José Martínez Crespo por los delitos de delincuencia organizada y se encuentra detenido en una prisión del Campo Militar A-1.
Este domingo el periódico La Jornada dio a conocer que la Fiscalía Especial para el Caso Ayotzinapa ha fracasado en dos intentos por conseguir dos órdenes de aprehensión contra elementos del Ejército a quienes acusa de estar vinculados al grupo criminal Guerreros Unidos y de incurrir en actos de omisión durante la desaparición de los 43 normalistas.
Las dos órdenes de aprehensión fueron solicitadas a jueces federales, quienes en dos ocasiones han negado obsequiar esa petición de la Fiscalía General de la República (FGR), por estar mal integrados los expedientes y sin pruebas suficientes para soportar los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.
Se trataría de órdenes de aprehensión contra el Teniente, Joel Gálvez Santos quien sostienen la noche de la desaparición de los estudiantes, tuvo conocimiento en tiempo real a través del C-4 de Iguala de la acción de desaparición forzada de los 43 normalistas.
Otra orden de aprensión que han solicitado en la FGR, es contra el soldado, Eduardo Mota quien la noche del 26 de septiembre del 2014 patrullaba la ciudad de Iguala a bordo de una motocicleta, tomando fotografías y documentando lo que estaba sucediendo; se afirma que el material fotográfico que obvtuvo esa noche fue entregado a sus superiores.
La Oficina de la ONU-DH señaló este fin de semana a través de sus redes sociales que el «fundamental el trabajo conjunto de las autoridades para que los funcionarios públicos responsables en el caso Ayotzinapa respondan por sus acciones».
Agregaron que es oportuno que de esos funcionarios públicos civiles o militares, «quienes tengan información al respecto sigan contribuyendo hasta que haya verdad y justicia para los estudiantes y familias» de los 43 normalistas desaparecidos hace ya más de seis años.