Texto: Fabiola Ramos Gallo
Fotografía: BBC
Chilpancingo, Gro., 12 de noviembre de 2020.- Con más de dos décadas tras las rejas sin haber recibido sentencia, Martín Cruz Avellaneda, preso político en el estado de Guerrero ha fijado su postura respecto al arbitrario sistema judicial ejercido en la entidad, principalmente contra los presos políticos o de conciencia, pues al igual que él se han documentado casos de reclusos que tienen 15 años o más dentro de prisión y continúan sin resolverse las irregularidades en su proceso legal.
Cruz Avellaneda, ejercía como activista y defensor de los mantos acuíferos en la sierra de Coyuca de Catalán hasta el momento de su detención. Hace 21 años fue aprehendido acusado de homicidio, y hasta el momento continúa preso en el CERESO de Coyuca de Catalán sin que se le haya comprobado dicho delito y por ende, sin que haya sido sentenciado.
Ante esta situación el preso político manifestó el desgaste que representa no solo para él sino para todos los que se encuentran en esta situación, el estar tras las rejas injustificadamente, y denunció que Jueces y Magistrados del Poder Judicial, al obedecer a intereses políticos, continúan violentando los derechos humanos de los presos políticos a quienes se les ha negado la libertad pese a que están obligados a hacerlo por haber violado el debido proceso.
“Nos da pena porque es una tiranía la que ha reinado en el estado. Las autoridades verdaderamente no hacen su trabajo, jueces, magistrados, abogados son servidores públicos y se les debe fincar responsabilidad, no son intocables. Tenemos también compañeros que han logrado algún cargo público y se han apartado, nos han abandonado y a eso se le llama traición”
Abundó que es necesario empezar a dotar los cargos del Poder Judicial de hombres y mujeres que trabajen con lealtad, tengan el valor y la capacidad de renunciar a sus cargos cuando sean ineficientes o simplemente “se cansen”.
Asimismo, aseguró que parte de la coartada que juega el estado para lograr la neutralización de la organización y lucha social incluye la desintegración familiar que es lo más común entre los presos, puesto que sus familias provienen de comunidades lejanas y viajar a visitar implica gastos que resultan casi imposibles de solventar, aunado a esto se sumó la suspensión de visitas en el penal debido a la pandemia por covid19.
“La ruptura familiar es durísima, el 95% de los presos están perdiendo a sus familias. El Gobierno lejos de hacer justicia está haciendo delincuentes, la pobreza es demasiado grande para visitar a sus familiares en la prisión y esto desde luego abona a la fractura familiar. Ahorita tenemos desde abril que estamos incomunicados, no tenemos visitas y nosotros también dependemos económicamente de eso, las visitas son quienes compran nuestras artesanías y aunque 20 pesos conseguimos ¿ahorita a quien le vendemos? ”.
Respecto a los decretos internacionales que fueron emitidos por organizaciones defensoras de derechos humanos y en materia de salud para liberar hasta en un 80% los reclusorios a fin de evitar contagios, el preso político aseguró que ningún preso ha podido abandonar el penal solamente quienes han perdido la vida dentro.
Ante los abusos de poder y negligencia jurídica, Cruz Avellaneda lanzó un llamado enérgico a los 3 niveles de gobierno para que se comprometan a revisar cada uno de estos casos y exhortar a los jueces y magistrados a realizar su trabajo apegados a la legalidad, pues durante años el Poder Judicial “se ha ensañado con los presos políticos, y han pasado por encima de sus derechos sin hacer reparación del daño ni sancionar a los culpables”.
También agregó el desalentador curso de la iniciativa para la Ley de Amnistía debatida en el Senado puesto que “siempre se queda en palabras y no avanzan”.