Texto: Fabiola Ramos Gallo
Chilpancingo, Gro. 06 agosto 2020.- En entrevista para este medio, la líder feminista María Luisa Garfias Marín se pronunció en contra del posicionamiento por parte del Poder Legislativo y demás autoridades en el estado de Guerrero referente a la iniciativa que promueve la interrupción legal del embarazo (ILE) por violación sexual sin requerir un dictamen por parte de los Ministerios Públicos.
Teniendo en cuenta que desde el 2016, se logró la reforma a la NOM-046, en el numeral 6.4.2.7, en la cual participaron instituciones de Estado como parte de un acuerdo que firmaron con la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Esta reforma, tiene bases normativas en la Ley General de Víctimas misma que establece en su artículo 5 que, entre los principios que deben aplicarse está la dignidad, la buena fe de las víctimas de violación sexual, establecidos en la Convención de Belem Dopara, la Ley General de Salud y el Reglamento de la Ley General de Salud.
En este contexto, la también ex legisladora considera que se hace obligatoria la aprobación de esta reforma, aunque aseguró que “el gobierno de Astudillo desde un principio se ha opuesto, por boca del Secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos. Además, es un secreto a voces que la esposa de Astudillo está en contra”.
Asimismo, afirmó que la mayoría de las y los diputados también se oponen a este cambio porque “exigen que se implemente lo que establece el Código Penal en su artículo 159, fracción primera, que la mujer víctima de violación y embarazada producto de ello debe primero denunciar ante el MP para que este pueda solicitar previa solicitud de la mujer la ILE, de lo contrario dicen que cualquier mujer aprovecharía para abortar sin que haya sido víctima de violación” declaró Garfias Marín.
Entorno a las denuncias realizadas ante el MP, explicó que existe una limitante que no se somete a consideración de las autoridades y es que las mujeres violadas muchas veces son amenazadas por su agresor para que no denuncien, amedrentando con matarlas o hacerles lo mismo a sus familiares mujeres; algunos incluso asumen tener nexos con el narco.
Aunado a esto, Garfias recalcó que otra situación que influye para la no presentación de denuncias es debido a que “los agresores son sus propios familiares, padre, hermano, abuelo o tío, recordemos que las violaciones sexuales son perpetradas por cerca de 90% por familiares. Además, que hay pérdida de confianza de las autoridades de procurar justicia, ya que no hay testigos que presencien la violación y la complicidad del sistema” externó la defensora de derechos humanos.
Abundó que las cifras reflejadas en torno a las denuncias por violación presentan irregularidades y falta de transparencia, pues desde el año 2016, la Fiscalía (antes Procuraduría) ha venido informando que el número de averiguaciones previas por violación era de 360 a 380, cifra que hasta la fecha se mantiene año con año.
Como dato complementario, agregó que al realizar la denuncia hay una revictimización contra la mujer, presentándose situaciones de incredulidad, desacreditación y una serie de prejuicios, también destacó que las medidas cautelares otorgadas a las víctimas de este delito se otorgan por dos o tres meses, por lo que posteriormente muchas mujeres tienen que abandonar su lugar de origen.
Acusó que esta obstaculización en las leyes respecto a la interrupción legal del embarazo es a causa de que “las autoridades tienen atravesadas sus creencias religiosas hasta el tuétano, para que al final con el argumento de que ponen la vida en peligro las mujeres, no lo practiquen”.
Finalizó comentando que la presentación de denuncia a los MP pasa a segundo término en estos casos, pues consideró que es la mujer quien debe decidir también en este aspecto porque, a pesar de que es necesario hacerla para sancionar al violador, muchas veces las víctimas deben valorar si no exponen la vida propia y de los suyos, si en verdad se hará justicia o si existe complicidad por parte de las autoridades en no atender el delito.