Evaluación jurídica para determinar posibles responsabilidades administrativas y legales contra quienes filtraron información alterada
COMUNICADO DE PRENSA
Chilpancingo, noviembre 6, 2026.- El Congreso local desmintió el supuesto informe financiero que señala que diputados de la 64 Legislatura recibieron 250 millones de pesos en cheques, entre enero y agosto de este año, para presuntos gastos de gestión en sus distritos, de los cuales no habrían comprobado ni la mitad.
A través de un comunicado, el Poder Legislativo calificó como falso el documento denominado “Concentrado de gastos por comprobar correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2026”, que fue difundido este viernes por medios de comunicación.
Argumentó que el documento presenta alteraciones en su formato, entre ellas el logotipo institucional sobrepuesto “de manera burda en una hoja de excel”, además de imprecisiones en la información. Como ejemplo, señaló que se menciona que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Joaquín Badillo Escamilla, asumió el cargo en mayo, cuando, precisó, rindió protesta a mediados de junio.
Sin embargo, el Poder Legislativo reconoció que durante el proceso de entrega-recepción detectó “inconsistencias de índole administrativo y financiero” relacionadas con las comprobaciones de recursos de los diputados.
Explicó que anteriormente las comprobaciones se realizaban cada tres meses mediante un sistema financiero que calificó de obsoleto, por lo que actualmente implementó un nuevo sistema administrativo y contable, operado por una empresa especializada.
Aseguró que con este mecanismo los diputados presentan sus comprobaciones mensualmente y que actualmente existe un avance aproximado del 90 por ciento. El Congreso también cuestionó que el supuesto informe presente como definitiva una revisión correspondiente al periodo de enero a agosto, al señalar que los ejercicios fiscales comprenden de enero a diciembre y que el estatus final de las comprobaciones sólo puede determinarse al concluir el año.
Adelantó que realiza una evaluación jurídica para determinar posibles responsabilidades administrativas y legales contra quienes, afirmó, filtraron información alterada.