“La Suprema Corte dejó muy claro que las competencias de los estados en relación con los fondos federales no son compatibles», dijo al respecto
Texto Pulso Informativo
Chilpancingo, julio 7, 2026.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Joaquín Badillo Escamilla, adelantó que revisará el marco jurídico y la actuación de la Auditoría Superior del Estado (ASE), luego del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que determinó que ese órgano carecía de facultades para fiscalizar recursos federales ejercidos por el ayuntamiento de Acapulco en 2023 por un monto de 898 millones.
En declaraciones en el Congreso, el diputado morenista sostuvo que la resolución del máximo tribunal obliga a revisar la interpretación que hasta ahora se hacía de la legislación en materia de fiscalización, así como las implicaciones que tendrá para futuras auditorías.
“La Suprema Corte dejó muy claro que las competencias de los estados en relación con los fondos federales no son compatibles. En este caso, la Auditoría Superior del Estado no cuenta con las facultades para auditar fondos federales. Ya hay una resolución y en el Congreso acatamos las disposiciones de la Corte”, expresó.
Badillo Escamilla explicó que, cuando la ASE inició la revisión de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) ejercidos por el ayuntamiento de Acapulco, existía un convenio cuya interpretación llevó al órgano fiscalizador a considerar que sí tenía facultades para realizar esa auditoría. No obstante, indicó que esa interpretación quedó superada con la sentencia de la Suprema Corte.
“Tenemos que entrar a un análisis desde nuestras áreas jurídicas, la Jucopo y la Comisión de Vigilancia de la ASE, porque somos garantes de la interpretación de la ley”, sostuvo.
El diputado local explicó que ahora existe un convenio entre la ASE y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), mediante el cual la Auditoría estatal puede participar en la revisión de recursos federales cuando exista una solicitud expresa de la autoridad federal.
Añadió que, de acuerdo con la resolución de la Corte, esa autorización no existía en el caso de Acapulco, razón por la cual la fiscalización realizada por la ASE fue declarada inválida.
Sobre los señalamientos de persecución política de la alcaldesa con licencia de Acapulco, Abelina López Rodríguez, Badillo Escamilla evitó pronunciarse y aseguró que su postura se limita al aspecto técnico.“Yo opinaría técnicamente. La resolución es que no había competencia; prefiero no entrar en temas políticos”, afirmó.
A pregunta, el diputado no descartó que en la revisión que realizará el Congreso cite al auditor superior del estado, Marcos César París Peralta Hidalgo, para revisar los alcances de la sentencia y las acciones que deberán adoptarse a partir de este precedente.