El director Abel Barrera Hernández dijo que nuevamente autoridades federales, estatales y municipales traicionan su palabra de dar acompañamiento a la zona en conflicto
Texto Bernardo Torres Morales
Chilpancingo, 22 de mayo de 2026.- Autoridades del estado de Guerrero y de la Federación negaron medidas de seguridad a integrantes de la Misión Civil de Observación que se dirige a Alcozacán, Municipio de Chilapa para documentar las agresiones armadas que han sufrido comunidades indígenas.
Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos «Tlachinollan», dijo que nuevamente autoridades federales, estatales y municipales traicionan su palabra de dar acompañamiento a la zona en conflicto.
Dijo que había el compromiso de brindar el acompañamiento a la Misión Civil de Observación que se dirige rumbo al territorio de la Montaña Baja de Guerrero, especialmente a la comunidad de Alcozacán.
En dicha zona sus habitantes sufrieron ataques del grupo narco-paramilitar los ardillos el pasado 11 de mayo, en las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán desde el 6 de mayo y que tuvieran como consecuencia el desplazamiento de mas de 1000 personas.
Éstas familias se refugiaron en Alcozacán, comunidad que a su vez sería atacada el 11 de mayo y que provocaría un desplazamiento mayor, de las personas que se llegaron a refugiar ahí de las tres comunidades atacadas y desplazadas previamente, más los habitantes del Alcozacán, contabilizando mas de 2000 desplazados.
Con el objetivo de documentar las graves violaciones a los derechos humanos y acompañar a las comunidades, se formó una Misión Civil de Observación, conformada por distintas organizaciones, periodistas, nacionales e internacionales observadores de Derechos humanos.
Sin embargo, a las 10 am del 22 de mayo, a 40 minutos de llegar a Tlapa , para encontrarse con miembros del Centro de derechos humanos Tlachinollan y con las corporaciones del Estado que brindarían el acompañamiento a la MCO-S, Jesús Plácido, promotor del CIPOG-EZ, fue notificado que no habría ningún acompañamiento de alguna corporación de seguridad del estado.
Lo mismo fue notificado al Centro de derechos humanos Tlachinollan, así como a los beneficiarios del Mecanismo de Protección a Defensores de derechos humanos y Periodistas.
Por lo tanto, responsabilizaron al Estado Mexicano y a sus tres niveles de gobierno por cualquier cosa que suceda y que ponga en peligro la integridad de quienes conforman la Misión Civil de Observación.
Llamaron a organizaciones de México y del Mundo a denunciar, de acuerdo a sus modos y formas, «al estado criminal y a exigir que se brinden las garantías de seguridad para su llegada con seguridad a la comunidad de Alcozacán».