Congreso deberá realizar una reingeniería administrativa de aprobarse, dice; coordinador de bancada priísta que el análisis de la reducción del presupuesto debe hacerse en cada entidad
Texto Pulso Informativo
Chilpancingo, 17 de marzo de 2026.- El coordinador de la bancada de Morena, Jesús Urióstegui García, expresó el respaldo del “Plan B” de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, y adelantó que el Congreso local deberá realizar una reingeniería administrativa ante una eventual reducción presupuestal.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) indicó que el órgano legislativo cuenta con un presupuesto cercano a los 800 millones de pesos, pero rechazó que existan lujos o excesos, al asegurar que se ha mantenido una política de austeridad.
Urióstegui García afirmó que existe “toda la disposición y respaldo” de su bancada a la iniciativa federal, al tiempo que señaló que la posible reducción de recursos (que podría representar hasta 200 millones de pesos menos) implicará ajustes internos que deberán analizarse una vez que se conozcan los términos finales de la reforma.
Indicó que, en caso de aprobarse la reforma en los términos planteados, el Congreso local realizará un análisis puntual para cumplir con los criterios que se establezcan, sin descuidar su funcionamiento ni los derechos laborales del personal.
Debilita democracia, dice Bravo Abarca
El coordinador de la bancada del PRI, Alejandro Bravo Abarca, sostuvo que el llamado “Plan B” de la reforma electoral representa “un riesgo para el sistema democrático”. Sostuvo que cualquier modificación electoral debe estar orientada a fortalecer la democracia, no a debilitarla ni a afectar la participación de las minorías políticas.
Sobre la reducción del presupuesto de los congresos locales, Bravo Abarca consideró que el análisis debe hacerse de manera individual en cada entidad. Consideró que el Congreso local no cuenta con un gasto oneroso.
No descartó que gobiernos estatales de oposición puedan recurrir a mecanismos legales, como amparos, ante posibles afectaciones derivadas del Plan B de la reforma electoral.
