Carlos Eduardo Bello Solano informó que la derogación de los artículos 243 y 244 del Código Penal responde al nuevo diseño institucional del delito, previsto en la legislación federal.
Texto Pulso Informativo
Chilpancingo, 11 de diciembre de 2025.- El Congreso local aprobó por unanimidad cuatro iniciativas enviadas por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para armonizar la legislación local con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con el objetivo de fortalecer la estrategia estatal contra este delito.
Las reformas abarcan modificaciones a la Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública, al Código Penal, a la Ley Orgánica de la Administración Pública y a la Ley 847 de Ejecución Penal. Los dictámenes fueron elaborados por las comisiones de Seguridad Pública, Justicia y Estudios Constitucionales y Jurídicos.
Al presentar el primer dictamen, la diputada María del Pilar Vadillo Ruiz destacó que la actualización del marco legal permitirá formalizar la Política Estatal para el Combate a la Extorsión, fortalecer la coordinación entre instituciones, mejorar la regulación de la inteligencia policial y garantizar la interoperabilidad tecnológica con sistemas nacionales. También incorpora la creación de Unidades Especializadas en Extorsión y refuerza la profesionalización del personal de seguridad.
En tanto, Carlos Eduardo Bello Solano informó que la derogación de los artículos 243 y 244 del Código Penal responde al nuevo diseño institucional del delito de extorsión previsto en la legislación federal.
Señaló que se incluyó un artículo transitorio para garantizar que los procesos iniciados antes de la entrada en vigor del decreto continúen bajo la normativa vigente en el momento.
Gloria Citlali Calixto Jiménez explicó que la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública establece nuevas facultades para la Secretaría de Seguridad Pública, entre ellas el diseño y operación de la policía estatal especializada en prevención y combate a la extorsión, así como la coordinación tecnológica con instancias federales para la recepción y seguimiento de denuncias. También se homologan medidas para inhibir señales de telefonía y transmisión de datos dentro de los centros penitenciarios.
Por su parte, Joaquín Badillo Escamilla detalló que la modificación a la Ley de Ejecución Penal busca fortalecer el control tecnológico en los reclusorios para evitar operaciones delictivas desde su interior y contribuir a un sistema penitenciario más seguro.