Está dirigido al Instituto del Suelo Sustentable, el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria federal, así como a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional y el Registro Público de la Propiedad
Texto Pulso Informativo
Chilpancingo, agosto 3, 2025. – Con el objetivo de garantizar la certeza jurídica patrimonial de familias que habitan en asentamientos urbanos, ejidales o comunales, el Congreso local exhortó a diversas dependencias federales y estatales a implementar programas de regularización de la tierra.
La intención es facilitar el acceso al derecho a la propiedad, especialmente a personas en situación de marginación que cuentan con un lote, pero no han podido obtener su acreditación legal, lo que limita su patrimonio y su acceso a servicios y programas de desarrollo.
El exhorto fue aprobado con base en un dictamen de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, derivado de una propuesta presentada por la diputada Ana Lilia Botello Figueroa y respaldada por el legislador Carlos Eduardo Bello Solano.
En el documento se señala que la propiedad privada es un derecho humano reconocido por la Constitución, tratados internacionales y leyes locales, por lo que debe ser protegido y promovido por el Estado.
También se recuerda que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano establece como obligatoria la implementación de normas e instrumentos de gestión para el ordenamiento del territorio, siempre bajo un enfoque de respeto pleno a los derechos humanos.
El Congreso pidió que a través del Programa para Regularizar Asentamientos Humanos del Ejercicio Fiscal 2025 se lleven a cabo las gestiones administrativas, jurídicas y técnicas necesarias para incorporar dichos asentamientos a la formalidad y al desarrollo territorial ordenado.
El exhorto está dirigido al Instituto del Suelo Sustentable, el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria del gobierno federal, para que, en coordinación con la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional y el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, se pongan en marcha programas de regularización, certificación y titulación de tierras ejidales y comunales.