Alcaldesa de Acapulco debe comprobar el gasto de 898 millones de pesos de recursos federales destinado a obra pública
Texto Pulso Informativo
Chilpancingo, 5 de junio de 2025.- La Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado del Congreso local, acordó mesas de trabajo con el auditor Marcos César Paris Peralta Hidalgo, para revisar las observaciones por 898 millones de pesos al ayuntamiento de Acapulco, correspondientes a la cuenta pública 2023.
El acuerdo se tomó el miércoles durante la sesión de la Comisión que es presidida por la diputada de Morena, Luissana Ramos Pineda. El Congreso informó en su página de Facebook que “las y los legisladores abordaron la situación del ayuntamiento de Acapulco en el marco del cierre del informe individual de la cuenta pública 2023 y destacaron la importancia de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de los entes fiscalizables”.
Como acuerdo principal, se estableció la realización de una mesa de trabajo con el auditor superior del estado para dar seguimiento a este tema y a las recomendaciones realizadas en la anterior mesa de trabajo con la Auditoría.
En la sesión participaron también el diputado Bulmaro Torres Berrum, secretario de la Comisión, así como la diputada Mirna Coria Medina, y los diputados Arturo Álvarez Angli y Aristóteles Tito Arroyo, vocales.
El acuerdo de los diputados se da luego de que la Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de la alcaldesa de Acapulco, la morenista Abelina López Rodríguez, a quien acusa de presunto “ejercicio ilícito del servicio público y lo que resulte”, tras no comprobar el gasto de 898 millones de pesos de recursos federales destinado a obras.
La alcaldesa ha argumentado que la ASE no tiene facultades para auditar dicho recurso al tratarse de presupuesto federal y ha calificado las observaciones realizadas por el órgano fiscalizador como “una persecución política”.
Sobre este tema, el martes, la diputada Luissana Ramos Pineda, dijo que las auditorías son una obligación y no pueden ser consideradas como una persecución política.
También puntualizó que el Congreso no interviene en la realización de las auditorías a los entes fiscalizables y es una responsabilidad de la ASE.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Jesús Urióstegui García ha reiterado también que no se trata de una persecución, y las auditorías no son un tema de partidos, sino de transparencia y rendición de cuentas.