Las familias desplazadas emitieron un comunicado firmado por la directora del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón, Teodomira Rosales Sierra
Texto Jesús Saavedra
Chilpancingo, 14 de mayo de 2025.- Abogados de familias desplazadas por la violencia desde hace 5 años de los municipios de Zitlala, Leonardo Bravo, Heliodoro Castillo y abogados que los asesoran demandaron una audiencia con la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo a quien le exigen atienda el fenómeno de desplazamiento forzado en Guerrero.
Las familias desplazadas emitieron un comunicado firmado por la directora del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón, Teodomira Rosales Sierra. Indicaron que este jueves se cumplen 5 años que están “desplazados forzadamente debido a las condiciones de violencia que ponen en riesgo nuestra vida e integridad. Durante este lapso de tiempo las fuentes de riesgo que provocaron nuestro desplazamiento no se han resuelto, sabemos que la causa es política ya que la omisión y aquiescencia de las autoridades ha garantizado impunidad e impedido que regresemos a desarrollar nuestra actividad en condiciones de seguridad”.
Teodomira Rosales recordó que en 2023 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 171/2023 en beneficio de 171 familias victimas de desplazamiento forzado interno de los municipios de Zitlala, Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo.
Y que a partir de esa recomendación el 25 de abril del 2023 “iniciaron las llamadas intimidatorias a las representantes de las familias de las diversas comunidades advirtiéndoles que si no dejaban de insistir en la reubicación le harían daño a alguno de sus familiares, incluso hubo mención de víctimas potenciales específicas”.
En junio de ese año, Rosales Sierra recibió amenazas de muerte e intervinieron ilegalmente su teléfono y otras acciones intimidatorias que la obligaron a salir del país de enero a junio del 2024.
Por ello solicitaron una audiencia con la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo en la que se convoque a todas las personas “defensoras de derechos humanos y periodistas que se encuentran en condiciones de desplazamiento forzado interno refugiados tanto en la Ciudad de México como en los diferentes estados del país para iniciar un diálogo franco y abierto para analizar el caso del desplazamiento forzado interno de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas para que, de manera conjunta, busquemos las mejores formas y maneras de solución segura y duradera para este problema”.
Consideraron que es necesaria la implementación de un plan de retorno “en el que se valoré si la fuente de riesgo se ha resuelto o neutralizado, elaborando un plan de seguridad no solo para el retorno sino también para la reincorporación a nuestras respectivas actividades sin el temor de ser privados de la vida o desaparecidos”.