Texto: Jesús Saavedra
Fotografía: Acta Diurna Noticias
Chilpancingo, Gro. 16 octubre 2026.- El Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” afirmó que el reconocimiento del Estado de las graves violaciones a los derechos humanos con la mal llamada “guerra sucia” debe de incluir la apertura de los archivos militares para saber qué sucedió con centenares de personas que fueron desaparecidas en la década de los 70 en México.
Este jueves la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo dijo en Palacio Nacional que la “guerra sucia” se planeó y ordenó desde las “más altas esferas del poder” en México y que su gobierno trabaja en reconocer la responsabilidad del Estado en las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en esa época.
El tema salió a colación por el caso de Alicia de los Ríos Merino, integrante de la guerrilla de la Liga Comunista 23 de Septiembre, quien fue detenida en enero de 1978 en la Ciudad de México y la última ocasión que la vieron fue en la Base Aérea de Santa Lucía de Acapulco, Guerrero de donde se presume fue subida a un avión y lanzada al mar, en una táctica llamada “los vuelos de la muerte” desde donde lanzaron a centenares de personas detenidas y asesinadas de manera clandestina por militares.
En agosto pasado un juez federal ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) abrir sus archivos y entregar información a los familiares de Alicia de los Ríos Merino sobre el paradero y destino final de la militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre.
El Centro Pro, quien acompaña jurídicamente a los familiares de Alicia de los Ríos indicó que ante el dicho de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo que la Sedena debe responder a esa resolución judicial “que le ordena entregar al Archivo General de la Nación los archivos del periodo de la llamada guerra sucia, mediante una comisión imparcial. Esto, a raíz del litigio impulsado por Alicia, quien busca a su madre, desaparecida hace 48 años”.
Afirmaron que la postura pública de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo contrasta con la postura que ha asumido la Sedena y que es “promover recursos legales para demorar el cumplimiento de la resolución”.
Ese organismo no gubernamental, también consideró que en el reconocimiento del Estado “que las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante esa época fueron ordenadas desde las más altas esferas del poder. Este reconocimiento debe incluir la apertura de los archivos militares y la recuperación de las recomendaciones del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico”, añadieron.