Piden a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos que revisen la actuación del sistema de justicia de la CRAC-PC
Texto Jesús Saavedra
Chilpancingo, 25 de mayo de 2026.- Familiares de cuatro jóvenes pidieron la intervención de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda y de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para que revisen la actuación del sistema de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) del municipio de Acatepec, ya que están exigiendo el pago de 20 mil pesos para liberar a dos menores de edad, pero a dos los están sentenciando a ser reeducados por lo menos 15 años.
Se trata de Lázaro de 22 años, Saturnino de 18 años, Román de 15 y Angelino de 13 años, de apellidos García Casimiro, de la comunidad de Ojo de Agua, anexo de Yerba Santa del municipio de Acatepec, región de La Montaña.
Los familiares denunciaron en redes sociales que sus hijos fueron a un festejo el viernes por la tarde a la comunidad de El Mirador; hubo un altercado y Lázaro accionó un arma de fuego al aire. Los policías comunitarios que están afiliados a la CRAC-PC, con casa matriz en Las Juntas-Caxitepec lo detuvieron junto a sus hermanos.
Lázaro es el único que cometió “la imprudencia” de disparar al aire y que ahora está siendo acusado de “intento de homicidio” del comisario municipal, indicó la hermana de los detenidos, Martina García Casimiro. También que los 4 detenidos están “severamente golpeados”, y que desde el viernes a sus familiares no les permiten llevarles comida.
Indicaron que el cuerpo policial de El Mirador, afiliado a la CRAC-PC, está exigiendo a la familia 20 mil pesos para la liberación de Román y Angelino y están exigiendo otros 20 mil pesos por Lázaro y Saturnino, pero no para su liberación, sino para los gastos de traslado de El Mirador a la casa matriz en Las Juntas-Caxitepec.
Advirtieron a la familia que los mayores de edad serían sentenciados a 15 o 30 años de reeducación en el sistema de justicia comunitario.
Pidió la intervención de Salgado Pineda y de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos porque su hermano sólo disparó un arma de fuego al aire y no implica algún delito grave que lo prive de su libertad durante 15 años como mínimo.