Participó la directora del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón” de Chilapa, Teodomira Rosales; denuncia que también es víctima, desde mayo de 2020
Texto Jesús Saavedra
Chilpancingo, 16 de marzo de 2026.- Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que del 2016 al 2025 en México han sido desplazados por la violencia más de 430 mil personas, lo que consideran es una “crisis humanitaria y continua violación de sus derechos humanos”.
En una audiencia de la CIDH la directora del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón” de Chilapa, Teodomira Rosales Sierra; del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México representado por Janeth Carrillo Díaz; el Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán y el Foro para el Desarrollo Sustentable y otras organizaciones de derechos humanos, expusieron lo anterior.
Indicaron que de acuerdo con el registro del Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC por sus siglas en inglés), desde 2016 y hasta diciembre de 2024 se documentó que 390 mil personas fueron desplazadas en México; en el 2024 se documentaron 72 eventos de desplazamiento que afectaron al menos a 28 mil 900 personas en 13 estados, entre ellos Guerrero y el año pasado se documentaron casi 16 mil desplazados.
Los representantes de esas organizaciones, dijeron que son más de 430 mil desplazados de 2016 al 2025 “pero no representan la realidad numérica de casos y víctimas al no existir un registro oficial integral” y que los desplazamientos en México “se encuentran vinculadas con disputas por el control territorial, expansión de economías ilícitas y al uso de nuevas tecnologías de violencia, como drones con explosivos, que generan miedo colectivo y obligan a las comunidades enteras a abandonar sus hogares”.
Denunciaron que se afecta de “manera desproporcionada a comunidades indígenas, campesinas, mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores”.
En el caso de Teodomira Rosales Sierra denunció que desde mayo del 2020 es víctima de desplazamiento forzado y relató que “la violencia está vinculada al control del territorio, las economías ilícitas y la explotación de recursos naturales, y minerales, esto obliga que cientos de familias se hayan visto obligadas a desplazarse de sus comunidades abandonando todo el patrimonio que habían construido en su vida” y que en Guerrero se tiene un estimado de casi 27 mil guerrerenses desplazados.
Por ello demandaron a la CIDH a que “haga un llamado al Estado Mexicano para que atienda las causas de la violencia que provoca el desplazamiento interno forzado; la aprobación de una Ley Nacional y las leyes secundarias para su aplicación, que reconozca el desplazamiento forzado interno, su prevención y atención”.