Diputado del PRI propone incluir una definición amplia de violencia como cualquier acción u omisión que cause daño físico, psicológico, patrimonial, económico o sexual, e incluso la muerte
Texto Pulso Informativo
Chilpancingo, 9 de marzo de 2026.- El diputado Jesús Parra García presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para reconocer y definir de manera expresa la violencia contra este sector, así como establecer medidas para su prevención, atención y sanción.
La propuesta plantea adicionar el Capítulo II Bis “De la violencia contra las Personas Adultas Mayores”, en el que se clasifiquen las distintas modalidades de agresión y se establezcan obligaciones para las autoridades en atención de estos casos.
Al exponer la iniciativa, el diputado argumentó que la violencia contra las personas adultas mayores no debe considerarse un asunto privado, “sino una violación a la dignidad humana que requiere atención institucional”.
Indicó que estas agresiones pueden manifestarse no sólo en forma física, sino también mediante maltrato psicológico, abuso patrimonial y económico, violencia sexual, retención de documentos, despojo de pensiones o abandono, “conductas que con frecuencia ocurren en el entorno familiar”.
El diputado explicó que, aunque la Ley 375 establece principios generales de protección, actualmente no define de manera específica la violencia contra las personas adultas mayores ni clasifica sus modalidades, lo que dificulta la identificación de los casos y la actuación de las autoridades.
La iniciativa propone incluir una definición amplia de violencia como cualquier acción u omisión que cause daño físico, psicológico, patrimonial, económico o sexual, e incluso la muerte, tanto en el ámbito público como privado. También plantea facultar a cualquier persona para presentar denuncias y establecer responsabilidades para las autoridades en la prevención, investigación y sanción de estos hechos.
La propuesta busca armonizar la legislación estatal con instrumentos internacionales como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, el Protocolo de San Salvador y los Principios de las Naciones Unidas en la materia.