Acusó en un comunicado que hay complicidad de autoridades como el director de la policía de Juan R. Escudero, César Ramirez, y el alcalde Óscar Sánchez Luna
Texto Bernardo Torres Morales
Chilpancingo, 4 de marzo de 2026.- El Consejo Indígena y Popular de Guerrero (CIPOG-EZ) condenó el asesinato de Tomás Augusto Lozano Analco y de Francisco Bonilla, quienes fungian como director de Obras y Tesorero de la Casa de los Pueblos de Ayutla. A través de un comunicado la organización dirigida por Jesús Plácido Galindo atribuyó al grupo delincuencial «Los Ardillos, el ataque ocurrido la tarde de ayer alrededor de las 19 horas sobre la carretera Tierra Colorada–Cruz Grande a la altura del poblado de Omitlán.
Señaló al coordinador de comisarios de la zona rural de Acapulco, Tecoanapa y Tierra Colorada, de operar para dicho grupo a través de bloqueos carreteros a la Autopista del Sol.
Acusó que hay complicidad de autoridades locales, como el director de la policía de Juan R. Escudero, César Ramirez, al igual que el presidente municipal, Óscar Sánchez Luna.
El comunicado señala que dicha organización delictiva se expande por el Estado frente a los ojos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, realizando narcobloqueos y asesinando personas a la luz del día.
A la fecha, indicó que dicho grupo es responsable de la muerte de al menos 70 integrantes del CIPOG-EZ, de los 13 policías comunitarios del Cortijo, crímenes que siguen en la impunidad.
En los últimos días, también han lanzado ataques violentos con drones contra las comunidades de El Charco, Tlayolapa y Ochoapa, donde los pueblos se organizan para defender su territorio frente a la violencia.
«Responsabilizamos a los tres niveles de gobierno por permitir la expansión de esta organización criminal. El Estado mexicano ha dado luz verde a asesinatos, desapariciones y bloqueos, mientras quienes defendemos la vida y la madre tierra somos perseguidos y asesinados», señala.
Exigió justicia para todas las víctimas y la desarticulación de las organizaciones criminales, así como una investigación que sancione a los responsables. Asimismo convocó al pueblo en general a una movilización urgente para defender a la vida, pueblos y territorios y nuestro sistema de seguridad comunitaria, a redes y organismos de derechos humanos a estar pendientes de la situación.