Las modificaciones buscan armonizar el marco jurídico estatal con los principios de igualdad, no discriminación y perspectiva de género
Texto Pulso Informativo
Chilpancingo, 21 de octubre de 2025.- El pleno del Congreso local aprobó reformas a la Ley de Atención a los Migrantes del Estado de Guerrero con el objetivo de garantizar la protección integral y el respeto pleno a los derechos humanos de las personas migrantes y sus familias.
Las modificaciones buscan armonizar el marco jurídico estatal con los principios de igualdad, no discriminación y perspectiva de género, además de fortalecer los mecanismos institucionales y el funcionamiento del Consejo Consultivo de Atención a Migrantes.
El dictamen fue aprobado en la sesión de este martes, a partir de dos iniciativas presentadas por la diputada María Guadalupe Eguiluz Bautista y el Ejecutivo estatal. Entre los cambios más relevantes destaca la incorporación del lenguaje inclusivo en todo el texto de la ley, con el fin de asegurar que las disposiciones reflejen la igualdad entre géneros y la inclusión de todas las personas, sin distinción de condición social, identidad o situación migratoria.
De acuerdo con el dictamen, este ajuste busca que la norma sea congruente con la Constitución federal, la Constitución local y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.Asimismo, se modificó la integración del Consejo Consultivo de Atención a Migrantes, incrementando el número de vocalías de 10 a 15.
Se incorporan las personas titulares de la Secretaría de la Mujer, en reconocimiento a la situación de vulnerabilidad de niñas, adolescentes y mujeres migrantes, y de la Secretaría para el Desarrollo de las Comunidades y Pueblos Indígenas y Afromexicanos, para reforzar la atención a los pueblos originarios y afromexicanos.
También se agregan dos representantes de organizaciones de personas jornaleras agrícolas migrantes y al o la representante binacional del Congreso del Estado, con lo que se consolida una acción afirmativa ya vigente en el Poder Legislativo.
Las reformas establecen el derecho de todas las personas —incluidas niñas, niños y adolescentes— a denunciar actos discriminatorios o violatorios de derechos, con la obligación de que las autoridades brinden atención inmediata, servicios de traducción e interpretación y herramientas accesibles para personas con discapacidad.